El Primer Tribunal Ambiental de Chile ha emitido un fallo histórico al declarar al Estado responsable por el daño ambiental significativo provocado por vertederos ilegales en Alto Hospicio. Este fallo se refiere a la acumulación de desechos de ropa, neumáticos y escombros en sectores como Pampa Norte y Pampa Sur, afectando gravemente el entorno natural de la comuna. La sentencia surge a raíz de una demanda interpuesta por la abogada Paulina Silva en marzo de 2022, donde se expuso la necesidad urgente de abordar esta crisis medioambiental. A pesar de reconocer las acciones de la Municipalidad de Alto Hospicio, el tribunal decidió eximirla de responsabilidad, ya que había realizado esfuerzos, aunque insuficientes, para manejar la situación de los residuos.
El daño constatado por el tribunal no es trivial. Informes técnicos y varias inspecciones judiciales revelaron la gravedad de la situación: decenas de miles de toneladas de ropa y otros residuos han sido acumulados en la zona durante más de diez años. El Ministro en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, quien redactó la sentencia, argumentó que este daño tiene implicaciones que trascienden lo local, convirtiéndose en un problema de relevancia nacional según la Ley N° 19.300, que regula aspectos ambientales en el país. La decisión destaca la preocupación por la integridad del suelo y paisajes, elementos que son fundamentales para la calidad de vida de la comunidad.
Como parte del fallo, el tribunal ha requerido al Estado a elaborar y presentar un plan de reparación ambiental dentro de un plazo de seis meses. Este plan debe ser integral e incluir un diagnóstico claro de la situación actual, además de medidas para la eliminación segura de los residuos y la restauración del suelo afectado. Se han estipulado medidas para evitar nuevos vertederos ilegales, así como iniciativas de educación ambiental para concientizar a la población local sobre la importancia de una adecuada gestión de residuos. Establecer un sistema de monitoreo con la participación ciudadana es igualmente crucial para asegurar la transparencia en el proceso de restauración.
El caso fue impulsado por la abogada Paulina Silva, quien ha denunciado la presencia de vertederos ilegales en terrenos fiscales desde el año 2012. Según sus estimaciones, estas acumulaciones suman hasta 30.000 toneladas de residuos sobre un área de 300 hectáreas, lo que ha dado lugar a problemas como la generación de gases tóxicos, incendios y un aumento de plagas que afectan a los habitantes de Alto Hospicio. Las inspecciones realizadas por el tribunal confirmaron la magnitud de esta emergencia ambiental, evidenciando la necesidad de acciones rápidas y efectivas para mitigar los efectos de estos vertederos.
La resolución del tribunal ha sido recibida con entusiasmo por parte de autoridades ambientales, quienes enfatizan que el fallo no solo reconoce la existencia de daño ambiental significativo, sino que también impone al Estado la responsabilidad de actuar. El seremi del Medio Ambiente en Tarapacá, Marcelo Hernández, ha señalado que este dictamen marca un precedente crucial en la jurisprudencia ambiental de Chile, ya que reitera el deber del Estado de garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Paulina Silva, por su parte, ha resaltado la importancia de este fallo, considerándolo un hito en la defensa de los derechos medioambientales, y subrayando que el Estado debe también asumir su responsabilidad en la fiscalización y sanción de quienes causan contaminación.
