La Comunidad Terrazas de Marga Marga, situada en el sector Calichero de Quilpué, ha expresado su preocupación a través de un comunicado donde denuncia un intento de demolición arbitraria de sus viviendas por parte de las autoridades locales. Este pronunciamiento se produce tras una reunión sostenida el 4 de septiembre de 2025, la cual, según la comunidad, no buscaba un diálogo constructivo, sino más bien imponer decisiones que violan sus derechos fundamentales. A juicio de los representantes comunitarios, esta situación refleja un grave abuso de poder por parte de las instituciones estatales.
Durante la mencionada reunión, los miembros de la comunidad notaron que el ambiente no era propicio para un intercambio de ideas o para la búsqueda de soluciones alternativas. En su comunicado, afirmaron: «Comprendimos inmediatamente que la reunión no fue pensada para establecer un diálogo y explorar todas las soluciones posibles, sino que fue un intento de imponer una orden». Este tipo de dinámicas no solo generan desconfianza en las autoridades, sino que también obstaculizan el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.
La comunidad dejó claro que su participación en foros y reuniones con las autoridades está condicionada a que estas sean públicas y transparentes. En este sentido, exigen que no se limiten al diálogo entre dos partes, sino que se lleven a cabo audiencias abiertas a la ciudadanía. Además, han manifestado su rechazo a cualquier medida que busque desvirtuar las violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas a nivel internacional, especialmente en el contexto de la inminente demolición programada para el próximo 29 de septiembre.
Asimismo, la Comunidad Terrazas de Marga Marga destacó que el decreto N°1.000 de 2021, que contempla la demolición de 44 viviendas, ha sido interpretado de manera abusiva por parte de las autoridades, con la intención de destruir la totalidad del asentamiento. Subrayaron que no se ha respetado el tiempo razonable que exige la legislación nacional e internacional, incluidas las directrices de las Naciones Unidas y normativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Finalmente, la comunidad anunció que emprenderá acciones legales contra las autoridades involucradas, alegando ser víctimas de decisiones arbitrarias. Consideran inaceptable que esta situación pueda sentar un precedente que permita a los directores de obras municipales demoler viviendas sin el debido proceso judicial. «Nos oponemos a todo lo informado por las autoridades asistentes a la reunión del 4 de septiembre de 2025 y a la posibilidad de una demolición ilegal y arbitraria para este 29 de septiembre», concluyeron, reafirmando su firme determinación de defender sus derechos.
