En una reciente reunión con el equipo de la senadora Campillai, agrupaciones como el Movimiento en Resistencia Cristian Valdebenito (MER), la Defensoría de Derechos Humanos Chile y el Observatorio de DD.HH. expresaron su creciente preocupación por la falta de reconocimiento institucional que dificulta su labor de vigilancia y defensa de los derechos humanos. Estos colectivos denuncian una situación crítica, señalando que su trabajo esencial no es respaldado adecuadamente por el Estado, lo que pone en riesgo no solo su labor, sino también la vida y la seguridad de las personas a las que están destinados a proteger.
Durante el encuentro, se escucharon testimonios impactantes que relatan amenazas, amedrentamientos y una constante persecución por parte de Carabineros. Joanna Leyton, miembro del MER, compartió que los efectivos policiales los acusan de usurpar identidad a pesar de que las organizaciones cuentan con la personalidad jurídica necesaria para operar. «Carabineros constantemente nos injuria y levanta cargos asegurando que no somos observadores», denunció Leyton, exponiendo la gravedad de los obstáculos que enfrentan en su trabajo diario.
Además, Leyton también reveló que Carabineros ha interpuesto querellas en contra de ciertos miembros del movimiento, lo que simboliza una represión sistemática contra los defensores de derechos humanos. «Nuestra labor no es otra que visibilizar y cuidar a la gente al momento de ser detenida», afirmó, señalando la importancia de su misión en un contexto donde el riesgo de arresto ilegal es elevado para los manifestantes.
Por su parte, Paulina Cespe, del Observatorio de DD.HH. Nido 20, compartió su experiencia desalentadora tras ser denunciada por un oficial de la 1ª Comisaría de Santiago, lo que ha interrumpido su capacidad para desempeñar su función. Cespe argumentó que su organización, al ser independiente del Estado, puede actuar sin ataduras políticas, lo que, a su entender, resulta molesto para Carabineros, evidenciando así la dinámica tensa entre los observadores y las fuerzas del orden.
Las organizaciones de derechos humanos continúan buscando apoyo y reconocimiento de las autoridades, como la senadora Campillai, en su esfuerzo por presentar documentación que evidencie las deficiencias y riesgos que enfrentan. En medio de la hostilidad policial y la falta de respaldo estatal, estos colectivos perseveran en su labor esencial: cuidar a la ciudadanía durante las detenciones y asegurar que los derechos de las personas no sean vulnerados. Aun con el miedo a represalias y la constante amenaza de amedrentamientos, su compromiso con la justicia y la verdad persiste.
