En uno de los casos más extensos y potencialmente impactantes que ha visto el sistema judicial chileno en tiempos recientes, las autoridades se encuentran analizando más de 777 mil páginas de conversaciones de WhatsApp pertenecientes al abogado Luis Hermosilla. Este voluminoso informe, actualmente en manos exclusivas de la Fiscalía Oriente, promete revelaciones significativas que tienen en vilo a diversas instituciones del país.
El Ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó recientemente en Radio Duna la preocupación existente en torno al impacto que las conversaciones contenidas en el informe podrían tener sobre ciertas instituciones. Según Cordero, la investigación aún está en sus fases iniciales, y se espera que revele una compleja red de relaciones y vínculos que podrían trascender lo meramente jurídico y adentrarse en terrenos de responsabilidad penal más amplios.
Destaca el hecho de que las conversaciones que precipitaron la caída del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, representan apenas un 0,02% del total de las páginas bajo revisión. Esto subraya la magnitud de la información aún por explorar y la posible existencia de otros ilícitos dentro del tesoro de datos acumulados.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad encargada de proteger los intereses fiscales en el ámbito judicial, también sigue con inquietud el desarrollo de los acontecimientos. Siendo parte querellante en los casos denominados ‘audios’ y ‘Muñoz’, el Consejo busca acceso completo a las conversaciones para determinar si existen indicios de otros delitos que justifiquen nuevas acciones legales.
La Fiscalía, al igual que el CDE, enfoca su atención en aquellas conversaciones que puedan evidenciar actividades delictivas, sin importar la existencia de una relación abogado-cliente. Esta postura se aplica tanto a las interacciones de Hermosilla con sus aproximadamente 400 clientes como a cualquier otro contenido relevante encontrado en su teléfono, incautado con autorización judicial el 16 de noviembre de 2023.
Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, subrayó el compromiso del Ministerio Público con investigar todos los hechos que revistan carácter delictivo, especialmente en causas relacionadas con corrupción. Este esfuerzo, según Campos, se realiza manteniendo el sigilo y la reserva necesarios para el éxito de las investigaciones.
La decisión de la jueza Andrea Díaz-Muñoz Bagolini de autorizar la incautación del teléfono de Hermosilla se fundamentó en la necesidad de investigar al abogado por delitos de soborno, destacando que el secreto profesional no ampara actos delictivos del propio abogado.
Este caso, por su escala y las implicaciones que conlleva, no solo desafía el alcance del secreto profesional en la abogacía sino que también pone a prueba la capacidad del sistema judicial chileno para manejar investigaciones de gran envergadura, implicando un posible antes y después en la manera de abordar la corrupción y la responsabilidad penal en Chile.
