El presidente de Perú, José Jerí, ha declarado un estado de emergencia en Lima y Callao a partir de la medianoche de este martes, una decisión que ha generado un amplio debate en el país. Durante una declaración transmitida por televisión, Jerí, acompañado de su gabinete, informó que esta medida durará 30 días y busca combatir la creciente ola de violencia y extorsión que ha marcado la agenda política en las últimas semanas. Esta situación es reconocida como un factor clave que llevó a la destitución de la ex presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre. «Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú», afirmó Jerí, subrayando su compromiso de adoptar un enfoque más ofensivo contra el crimen.
El estado de emergencia otorgará al gobierno la potestad de restringir ciertos derechos civiles, como la libertad de reunión y de tránsito. Aunque Jerí no detalló las acciones específicas que se implementarán, se conoce que el decreto incluye medidas severas tales como la prohibición de visitas a las cárceles y un «apagón eléctrico en las celdas» para limitar la comunicación entre reos. Además, se establecerán operativos de control en zonas donde se han detectado actividades ilícitas como la venta de drogas y tráfico de armas. Este enfoque ha despertado críticas en sectores de la sociedad que consideran que se podrían vulnerar derechos humanos básicos.
El anuncio de Jerí se da en un contexto de intensas protestas que continuaron tras su asunción como presidente. Desde el inicio de su mandato, se han reportado más de un centenar de heridos en choques entre manifestantes y fuerzas del orden. La situación se tornó más grave tras la muerte de un hombre de 32 años durante una manifestación el 15 de octubre, lo que ha exacerbado el clima de tensión y rechazo entre los opositores de Jerí. Además, varios colectivos han prometido seguir en las calles hasta que logren la renuncia del nuevo mandatario, quien ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene intención de dejar su cargo.
La legitimidad del gobierno de José Jerí enfrenta serios cuestionamientos, no solo por su ascenso a la presidencia a través del Congreso, sino también por su falta de un respaldo significativo entre la población. Su elección se produjo en un momento de crisis política y descontento generalizado, lo que dificulta su capacidad para implementar reformas efectivas. Adicionalmente, organizaciones y líderes sociales cuestionan los métodos que está utilizando su administración para abordar la desconcertante ola de violencia, evidenciando que la estrategia de mano dura podría no ser la solución más sostenible.
En medio de este complejo panorama, el gobierno ha establecido como prioridad erradicar los mercados ilegales y combatir la trata de personas, el narcotráfico y la venta de material relacionado con la extorsión. Las acciones estipuladas en el estado de emergencia buscan mostrar una respuesta decidida frente a la criminalidad, aunque la efectividad de estas políticas sigue siendo discutida. Los desafíos que enfrenta el presidente Jerí en sus primeros días son numerosos y su éxito dependerá de la capacidad de su administración para recurrir a métodos que no solo sean efectivos contra el crimen, sino que también respeten el marco de los derechos humanos y logren restablecer la confianza de la población en sus instituciones.
