El 5 de marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica que condena al Estado peruano por la esterilización forzada y la posterior muerte de Cecilia Edith Ramos Durand, quien perdió la vida el 22 de julio de 1997 tras un procedimiento quirúrgico en el marco del controversial ‘Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar’ implementado durante la gestión del ex presidente Alberto Fujimori. La Corte determinó que el Estado peruano es responsable por los actos de violencia institucional cometidos en el contexto de este programa, el cual buscaba la esterilización masiva de mujeres indígenas y campesinas, a menudo utilizando métodos coercitivos que iban desde la intimidación hasta la manipulación de la información.
Asimismo, la Corte subrayó que las condiciones a las que se enfrentaron muchas de estas mujeres, incluyendo la falta de información adecuada y la presión ejercida por funcionarios públicos quienes recibían incentivos por ‘captar’ mujeres para los procedimientos, constituyeron violaciones graves de derechos humanos. En el caso de Cecilia Ramos, la Corte concluyó que su consentimiento había sido obtenido de manera coaccionada, y que su muerte fue consecuencia directa de la falta de atención médica adecuada tras la cirugía, resaltando así la seria irresponsabilidad del Estado en estos casos.
La sentencia se alinea con lo documentado en el libro ‘Perú: Las esterilizaciones forzadas, en la década del terror’, que detalla la magnitud de estos crímenes, revelando que aproximadamente 272.028 mujeres indígenas fueron sometidas a procesos de esterilización sin su consentimiento. Esta obra, editada por el antropólogo Alberto Chirif, es un testimonio contundente que pone en el centro de la discusión la violencia sistemática contra las mujeres de sectores vulnerables, cuestionando no solo la práctica médica, sino también las intenciones políticas detrás de ello. Las testimonios y análisis incluidos en el libro abren un espacio para reflexionar sobre la moralidad de estas prácticas y su catalogación como potenciales actos de genocidio.
A pesar de que han pasado casi 30 años desde la ejecución de estas políticas, el país aún enfrenta una notable deuda histórica con las víctimas y sus familias. La Corte IDH alertó sobre la impunidad prevalente en el sistema judicial peruano, lo que ha llevado a interminables demoras en la búsqueda de justicia. La falta de acción efectiva y la indiferencia del Estado ante este tipo de violaciones han reafirmado un ciclo de violencia institucional que no solo afecta a las mujeres, sino que también pone en riesgo la credibilidad y la legitimidad del sistema de justicia en su conjunto.
Finalmente, la reciente sentencia y el libro de testimonio subrayan la crucial necesidad de recordar y exigir justicia por los crímenes cometidos, especialmente ante la posibilidad del regreso del fujimorismo al poder. Ambos documentos funcionan como recordatorios de las atrocidades del pasado y como herramientas para desafiar y romper el ciclo de violencia y silencio. Con el claro mensaje de que los derechos reproductivos son derechos humanos, la lucha por la verdad y la reparaciones continúa siendo una prioridad para garantizar que nunca más se repitan semejantes abusos en el Estado peruano.
