Las recientes declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, han desatado una ola de indignación en la sociedad chilena. En una entrevista concedida a Radio Agricultura, Matthei afirmó que las muertes ocurridas tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 eran ‘bien inevitables’ en los primeros años de la dictadura. Estas afirmaciones, que minimizan el sufrimiento de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, han sido interpretadas por muchos como un intento de justificar el accionar del régimen militar, provocando un rechazo contundente desde diversas organizaciones democráticas y defensoras de los derechos humanos que han exigido una rectificación por parte de la exministra.
Entre los más vocales en su respuesta, destaca María Angélica Prats, hija del general Carlos Prats, quien fue asesinado junto a su esposa en 1974. A través de una carta publicada en El Mercurio, Prats desmantela la narrativa de inevitabilidad planteada por Matthei, enfatizando que ‘la muerte de mis padres era evitable’. En su comunicado, Prats recuerda el fallo de la Corte Suprema de Chile en 2010, que determinó que la orden de asesinato provenía del alto mando del Ejército, destacando que miles de chilenos sufrieron destinos trágicos similares debido a decisiones deliberadas de las autoridades militares de la época.
La carta de María Angélica Prats no solo es un testimonio personal, sino que también es un recordatorio de la responsabilidad institucional que tiene el Estado frente a los crímenes de lesa humanidad. Su mensaje resuena con la memoria colectiva de un país que aún cargan con las secuelas de la dictadura, resaltando la necesidad de reconocer y atender las injusticias del pasado. La hija del general Prats también alude a cómo esas muertes, en vez de ser momentos aislados de conflicto, fueron actos sistemáticos orquestados desde las más altas esferas del poder militar, incrementando así el sentido de urgencia de la memoria y la justicia.
En contraste con las víctimas y sus familias, las justificaciones de Matthei han sido interpretadas como un acto de negacionismo que trivializa los crímenes de Estado. Esta situación ha encendido el debate sobre el papel de los políticos en la historia de Chile y su relación con el legado de Pinochet. Activistas y figuras políticas han salido en defensa de la memoria histórica, insistiendo en que la minimización de las atrocidades cometidas durante la dictadura es, en sí misma, un acto que perpetúa el dolor y la injusticia para quienes aún claman por verdad y reconciliación.
La polémica generada por las palabras de Matthei continúa resonando en el ámbito político, revelando las profundas divisiones que aún persisten en la sociedad chilena sobre el legado de la dictadura. Mientras el país se adentra en un periodo electoral, las declaraciones de figuras públicas sobre este periodo oscuro de su historia se convierten en un punto crítico de debate. La respuesta de María Angélica Prats no solo representa la voz de una familia que ha sufrido, sino el clamor de muchas otras que demandan justicia, recordar que la historia no puede ser negada ni reescrita sin consecuencias.
