La reciente iniciativa del diputado Gaspar Rivas, que busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar mediante decreto, ha generado un considerable debate en el ámbito político chileno. Presentada el 23 de noviembre y actualmente en la Comisión de Constitución, esta propuesta llega en un contexto electoral marcado por el triunfo de José Kast, lo que sugiere un cambio significativo en la dinámica del poder en el país. La iniciativa no solo pretende modificar la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, sino que también introduce el controvertido concepto de «Estado de Justicia», el cual podría permitir al Presidente actuar sin la necesidad de respaldo legislativo en situaciones consideradas urgentes.
El eje de la propuesta radica en dar al Presidente la facultad de disolver el Parlamento si este decide rechazar proyectos que el Ejecutivo determine como esenciales. Esta capacidad, según Rivas, es necesaria para evitar que el mandatorio quede «atado de manos» debido a un marco legal que él considera restrictivo y poco reflexivo ante las necesidades de la ciudadanía. Rivas argumenta que situaciones de emergencia requieren respuestas inmediatas, las cuales podrían verse obstaculizadas por un Parlamento que, a su juicio, ha boicoteado iniciativas por motivos ideológicos.
La historia reciente de Gaspar Rivas también añade un tinte polémico a su propuesta. En 2023, durante su participación en la Comisión de Educación, hizo una trascendental declaración al sugerir que la Constitución debía ser violada cuando se considere necesario, provocando una ola de críticas y un intento de censura en su contra. Ahora, al reivindicar iniciativas que introducen poderes excepcionales al Ejecutivo, Rivas no solo plantea un cambio polémico en la forma de gobernar, sino que reitera su postura desafiante ante el orden constitucional establecido.
Desde su presentación, el proyecto ha sido objeto de severas críticas. Legisladores como Lorena Fries (FA) y Raúl Leiva (PS) han argumentado que esta iniciativa representa un peligro para los principios democráticos, señalando que podría llevar al «vaciamiento de la democracia» y a una concentración excesiva del poder en manos del Presidente. En contraste, Camila Flores (RN) ha señalado que la medida es irresponsable, ya que socavaría los equilibrios institucionales que son cruciales para un sistema democrático sólido.
Si se concreta, esta propuesta no solo permitiría al nuevo gobierno actuar sin la aprobación del Parlamento, sino que también abriría la puerta para que se eliminen leyes vigentes automáticamente, lo que podría afectar gravemente el control democrático sobre el ejercicio del poder. La discusión en torno a esta iniciativa es crucial, no solo por sus implicaciones inmediatas, sino también por lo que podría significar para el futuro de la democracia en Chile si se reconfiguran los límites tradicionales entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.
