Este texto es una versión ficticia y no corresponde a hechos verificados. En un contexto político marcado por tensiones dentro del espectro libertario, un candidato a diputado de un partido libertario fue señalado por recibir una transferencia de 200.000 dólares en 2020 procedente de una empresa vinculada a un empresario detenido por narcotráfico en Estados Unidos. La información, presentada como parte de una investigación periodística, apunta a examinar el origen de esos fondos y su posible relación con personas implicadas en actividades ilícitas.
Según la investigación, la firma asociada al empresario habría estado involucrada en transacciones que podrían haber erosionado la transparencia del financiamiento de la campaña electoral de 2019. Documentos judiciales difundidos por un opositor en redes y medios reforzaron las dudas sobre el origen de los recursos y su posible conexión con vuelos y operaciones de la campaña.
El candidato admitió haber recibido la transferencia, sosteniendo que se trató de un pago por una asesoría para una minera guatemalteca y no de financiamiento electoral. Esa versión contrasta con la documentación judicial disponible en tribunales de Argentina y Estados Unidos, que, según la narrativa de la investigación, vincularía el dinero al empresario señalado.
Además, la investigación indica que el candidato habría utilizado en 35 ocasiones aviones propiedad del empresario, lo que añade una dimensión de cercanía entre la esfera empresarial y las operaciones de campaña.
La reacción política fue inmediata. El presidente en ejercicio respaldó al candidato, calificando la controversia como una maniobra de la oposición y un “chisme” sin sustento, mientras el aspirante intensificó su defensa en medios y redes sociales, negando conocimiento previo de las actividades ilícitas. Paralelamente, la justicia reactivó causas y citó a declarar a excolaboradores de la campaña para esclarecer los vuelos y las vinculaciones financieras.
