El asesinato de Gilbert Infante, candidato al Congreso por el partido Fe en el Perú, ocurrido en el distrito de Chorrillos, ha conmocionado a la comunidad política y a la sociedad peruana. Infante, quien fue brutalmente atacado al salir de un evento político, había recibido amenazas directas en las semanas previas a su muerte, según confirmó Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial del mismo partido. Este trágico hecho no solo subraya la violencia presente en el entorno político del país, sino que también plantea serias inquietudes sobre la seguridad de aquellos que se atreven a participar en la política peruana.
Las amenazas que enfrentó Infante eran alarmantes y reveladoras de un contexto de hostilidad hacia los candidatos de distintos partidos. Álvaro Paz de la Barra, tras el ataque, explicó que el escuadrón de asesinos no usó armas de fuego, sino que recurrieron a medios brutales y premeditados para infligir daño. La aparente intención de prolongar su sufrimiento antes de matarlo muestra un grado extremo de violencia que refleja las tensiones políticas en el país. Esta violencia ha llevado a muchos miembros del partido a cuestionar su seguridad, creando un ambiente de miedo que podría afectar la participación política en el futuro.
Gilbert Infante, de 41 años, era un candidato cuyo perfil político era relativamente bajo y no había presentado una trayectoria formalmente detallada ante el Jurado Nacional de Elecciones. A pesar de contar con una experiencia limitada en el sector público, había trabajado en el fallecido Banco del Trabajo y en la empresa Consorcio G&T Construction Corporation Outsourcing SAC. También se supo que había sido condenado en 2004, aunque no se especificó la naturaleza del delito. Su vinculación con el partido Fe en el Perú representa también un cambio en su vida, buscando marcar la diferencia a través de la política.
Un mes antes de su muerte, Infante se mostró firme al criticar el aumento de la criminalidad en el país y presentó propuestas concretas para enfrentar este problema. Durante una entrevista, expresó su confianza en que Fe en el Perú contaba con un plan para restablecer la paz en el país en tan solo 100 días, enfatizando la necesidad de una mano firme y decisiones políticas claras. Las palabras de Infante resuenan aún más dramáticamente tras su asesinato, dejando un vacío en su comunidad y en la lucha contra el crimen.
La muerte de Gilbert Infante es un claro recordatorio de los peligros que enfrentan los políticos en Perú y la urgente necesidad de abordar la violencia en la arena política. Álvaro Paz de la Barra, al calificar el ataque como un asesinato deliberado, convoca a la reflexión sobre la brutalidad con la que algunos grupos buscan silenciar a aquellos que buscan el cambio. La gravedad de este caso plantea cuestionamientos sobre la integridad electoral y el tratamiento que se debe dar a las amenazas a los candidatos, obligando a la sociedad civil y al gobierno a actuar decididamente para proteger la democracia en su conjunto.
