La promesa de inscribirse en un gimnasio con una cuota mensual asequible puede ser engañosa, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU). La investigación, titulada «Análisis jurídico de las prácticas contractuales y publicitarias en la industria de los gimnasios en Chile», revela que muchos consumidores caen en una trampa estructural al firmar contratos que, lejos de ser flexibles, los someten a compromisos anuales que son difíciles de romper. Esta situación no solo limita la libertad de elección de los usuarios, sino que también les expone a penalizaciones financieras significativas, configurando así un panorama de abuso sistemático en la industria del fitness.
Una de las prácticas más criticadas en el estudio es el uso de «planes mensuales» que se traducen en contratos de hasta doce meses de duración. A pesar de que se publicitan como opciones flexibles, en la práctica se convierten en acuerdos con permanencias encubiertas y renovación automática que no se explicitan de manera clara al consumidor. Estas tácticas comerciales son, según ODECU, una manera efectiva de limitar la libertad de los usuarios para cancelar el servicio, dejándolos atrapados en contratos que no se desea, dificultando su capacidad de decidir libremente sobre su salud y ejercicio.
El documento también destaca que los gimnasios imponen fuertes penalidades a aquellos que deciden dar por terminado su contrato de manera anticipada. Los usuarios que intentan salir de estos acuerdos se enfrentan a multas que pueden representar un porcentaje significativo del costo restante del contrato, lo que representa una clara desincentivación para ejercer su derecho a cancelar el servicio. Esta situación coloca a los consumidores en una posición de vulnerabilidad, al tener que elegir entre continuar pagando por un servicio del cual no están satisfechos o asumir multas financieras considerables.
En cuanto a las devoluciones de dinero, ODECU encontró que estas son casi inexistentes en la práctica, siendo aceptadas únicamente en circunstancias extremas como fallecimiento o invalidez permanente. Esta política excluye causas más comunes como desempleo o cambios de residencia, lo que refleja una falta de consideración por parte de las cadenas de gimnasios hacia las posibles dificultades económicas de sus usuarios. De este modo, las condiciones de reembolso restringidas se convierten en otra capa de desprotección para el consumidor.
Finalmente, el estudio no solo señala irregularidades contractuales, sino también preocupaciones sobre el uso de datos personales y biométricos por parte de los gimnasios, lo que sugiere una falta de respeto por la privacidad de los usuarios. A pesar de las múltiples falencias identificadas entre las principales cadenas, la organización ha hecho un llamado a las autoridades para mejorar la fiscalización y exigir mayores niveles de transparencia. ODECU advierte que el ejercicio debe ser una elección libre, no una trampa contractual que limite los derechos de los consumidores.
