El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desatado una ola de indignación tras acusar al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de cometer un «crimen de guerra». Esta acusación se produjo luego de que Hegseth anunció el ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra cuatro lanchas sospechosas de transportar drogas en el Pacífico, un operativo que dejó un saldo trágico de al menos catorce muertos. En un mensaje publicado en la plataforma X, Petro condenó la acción y la contrastó con las operaciones de su propio gobierno, resaltando que Colombia había incautado varias toneladas de cocaína sin ocasionar muertes en el proceso. Su fuerte mensaje busca señalar la diferencia en las tácticas utilizadas por ambos países en la lucha contra el narcotráfico.
Petro no se detuvo en su crítica y, en otro tuit, acusó a Estados Unidos de ejercer presiones sobre los países del Caribe para que no asistan a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), programada para los próximos 9 y 10 de noviembre en Santa Marta. Según el mandatario colombiano, tales acciones buscan «matar la libertad» de los países de la región y afectan la diplomacia latinoamericana. La cumbre se presenta como un espacio crucial para discutir la cooperación regional, pero ahora se ve ensombrecida por las tensiones emergentes entre Colombia y Estados Unidos.
Las declaraciones de Petro también han puesto de relieve un contexto más amplio de violencia y operaciones militares en la región. Desde el lanzamiento de una ofensiva contra el narcotráfico por parte del gobierno de Donald Trump en septiembre, ya se han registrado cerca de sesenta muertes en ataques similares, que Petro califica como «asesinatos». El presidente colombiano ha criticado la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de las tropas estadounidenses, advirtiendo que tales acciones violan los tratados internacionales y el derecho de gentes. Esta retórica intensa evidencia un claro descontento con la estrategia implementada por Washington.
El reciente ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos es el undécimo desde que se intensificó la ofensiva contra el narcotráfico, y ha incrementado las tensiones entre Washington y los gobiernos de Colombia y Venezuela. La estrategia de seguridad de Estados Unidos se encuentra bajo el escrutinio internacional, especialmente tras la inclusión de Petro y varios miembros de su familia en la controvertida lista de la OFAC, bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Estas acusaciones no solo afectan la imagen del presidente colombiano, sino que también complican la relación bilateral con su vecino del norte.
A medida que se despliegan nuevas estrategias de combate al narcotráfico, la situación se torna cada vez más compleja. El Pentagonó retiró recientemente a Colombia de la lista de cooperación en la lucha antidrogas, sugiriendo un cambio en la política estadounidense hacia el país sudamericano. La decisión se suma a una serie de eventos que afectan la seguridad regional y provocan reacciones en cadena entre las naciones de América Latina. En medio de un panorama tan tenso, líderes políticos y analistas están instando a una reevaluación de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en la región, proponiendo un enfoque más centrado en el diálogo y la cooperación.
