Gustavo Petro se encuentra en el centro de un devastador escándalo político y mediático luego de las acusaciones hechas por Deicy Jiménez, quien en una reciente entrevista expuso que obtuvo contratos del Estado a cambio de relaciones sexuales con el expresidente. Este controversial revelamiento tuvo lugar el 25 de octubre y fue transmitido por Vicky Dávila, directora de la Revista Semana. Jiménez, hasta entonces una figura desconocida, afirmó que su relación con Petro no es un caso aislado, insinuando la existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres que habrían sido favorecidas con contratos estatales bajo condiciones similares. La gravedad de estas afirmaciones ha dado pie para que las autoridades judiciales inicien varias indagaciones contra el exmandatario, lo que ha electrificado el ambiente político en Colombia.
En el corazón de las acusaciones se encuentran los presuntos “sexocontratos”, una práctica denunciada por Jiménez que supuestamente se habría iniciado tras su conexión con Petro a través de una plataforma de modelaje webcam. La joven relató que, tras su reconocimiento mutuo, comenzaron una relación romántica en la que ella posteriormente habría recibido varios contratos en entidades gubernamentales. Sin embargo, existen discrepancias en sus declaraciones; por ejemplo, afirmó haber trabajado en el Senado desde 2019, aunque los registros muestran que su contrato fue firmado en 2021, cuando Petro ya era senador. Esta falta de claridad ha llevado a cuestionamientos sobre la veracidad de sus claimaciones y ha dejado abierta la puerta a diferentes interpretaciones en el escenario mediático.
Pese a que la propia Deicy Jiménez ha presentado videos que, según ella, demostrarían la veracidad de su relación con Petro, el exmandatario ha respondido vehemente a las acusaciones, negando cualquier vínculo entre su vida personal y la asignación de contratos estatales. En un comunicado, Petro enfatizó que “jamás” ha intercambiado contratos por relaciones sexuales, defendiendo también su labor en la mejora de la calidad de vida de mujeres en condiciones vulnerables. Además, el expresidente sostiene que la campaña en su contra forma parte de una operación orquestada por su detractor, el actual presidente De la Espriella, lo que añade un componente de lucha política a este complejo panorama.
El impacto del escándalo ha sido tal que diversas instancias judiciales, incluida la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, han iniciado investigaciones. Deicy Jiménez ha colaborado con las autoridades y ha entregado su celular para realizar una inspección forense, que se espera arroje resultados relevantes sobre las comunicaciones entre ella y Petro. El magistrado Carlos Roberto Solórzano ha ordenado una revisión exhaustiva de los contratos que Jiménez obtuvo, lo que podría tener serias implicaciones penales. Aun así, la comunidad política espera cautelosa mientras las evidencias son examinadas, conscientes de que el vínculo entre lo personal y lo político es sumamente delicado y puede afectar la gobernanza actual.
En medio de este torbellino, el partido de Petro, Pacto Histórico, ha defendido al exmandatario, sugiriendo que se trata de un ataque que busca desviar la atención de los problemas de Gobierno. Subrayan que los intentos de desprestigio deben ser combatidos ante la ley, y han manifestado su apoyo a Petro mientras se llevan a cabo las indagaciones. Por su parte, figuras como la exsenadora María José Pizarro han reconocido el trabajo de Jiménez, pero negaron firmemente cualquier intervención indebida por parte de Petro. Este escándalo, que ha sido calificado por muchos como uno de los más grandes en la historia reciente del país, continúa desarrollándose y promete tener repercusiones a largo plazo tanto en la política colombiana como en la vida pública de sus protagonistas.
