El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en el centro de una controversia tras su polémico comentario en la red social X sobre un niño de 12 años con autismo, Ian Moche. En respuesta a la demanda presentada por la familia del menor por incitación al discurso de odio, Milei argumentó ante la Justicia que su publicación no afecta al interés superior del niño y que debe ser considerada bajo el marco de la libertad de expresión política. Esta respuesta ha desatado un intenso debate en el país sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
El origen del conflicto radica en un posteo del mandatario en el que tildó a Ian Moche de «kuka», un término despectivo asociado al peronismo, y atacó al periodista que entrevistó al niño respecto a su experiencia en el contexto de una gestión gubernamental. La familia de Ian denuncia que este comentario ha sido parte de una campaña de hostigamiento sistemático, y ha solicitado no solo la eliminación de la publicación, sino también una disculpa pública del presidente, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Milei, en su defensa legal, explica que su publicación no debe considerarse un acto estatal ya que no utiliza su carácter de presidente, sino como un ciudadano que ejerce su derecho constitucional a la libertad de expresión. Este argumento ha captado la atención de varios sectores de la sociedad argentina, quienes se dividen entre quienes defienden la libertad de expresión sin restricciones y aquellos que consideran que el discurso sobre personas con discapacidad debe ser tratado con más sensibilidad y responsabilidad.
Además, el caso de Milei resuena con otros episodios recientes, como el polémico lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que también involucra al presidente. La eliminación de su publicación relacionada con esta criptomoneda, tras recibir acusaciones de estafa, plantea cuestiones sobre la responsabilidad y el impacto de las declaraciones públicas de Milei. La coincidencia de estos dos casos ha llevado a algunos analistas a cuestionar no solo la ética del presidente, sino también la gobernabilidad y la imagen del país en el ámbito internacional.
En el contexto más amplio, el Parlamento argentino ha aprobado una ley que declara la emergencia en materia de discapacidad, exigiendo al gobierno prestar atención a las necesidades de este sector vulnerable. Sin embargo, Milei vetó esta ley y otras iniciativas que pretendían mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. La situación evidencia un choque entre las políticas del presidente y el creciente reclamo social por derechos humanos y la inclusión, lo que complica aún más su situación política en el país.
