El nombre de Javier Soto, conocido como «Pastor Soto», ha vuelto a resonar en los medios tras su reciente detención el 14 de septiembre, en Puente Alto. La intervención de Carabineros se produjo después de que Soto se encontrara vociferando con un altoparlante, ignorando las advertencias de la policía y mostrando una actitud desafiante al resistirse al arresto. Este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una larga lista de conflictos que han marcado su trayectoria, evidenciando un patrón reiterado de violencia verbal y agresiones.
El historial de Javier Soto está manchado por una serie de condenas legales que han puesto en tela de juicio su comportamiento público. En noviembre de 2015, Soto fue sentenciado a 300 días de pena remitida y a pagar una multa por injurias graves contra Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Este fallo, ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, significó un hito en la lucha contra la discriminación en Chile, señalando que sus acciones eran motivadas por la orientación sexual de la víctima.
Las agresiones verbales de Soto han sido recurrentes, con especiales ataques dirigidos a figuras políticas, como el diputado Claudio Arriagada, quien fue objeto de amenazas e insultos tras sus intervenciones en defensa de los derechos LGBT+. Además, su hostigamiento hacia la diputada Emilia Schneider y menciones crueles hacia la diputada Marisela Santibáñez suman a su historial de intolerancia, poniendo en evidencia la peligrosidad de sus discursos de odio en un contexto político cada vez más polarizado.
Los actos de Javier Soto no se limitan únicamente a agresiones directas, sino que también incluyen gestos simbólicos de violación a la dignidad de las minorías. En junio de 2017, durante una transmisión en vivo, pisoteó la bandera de Cusco, creyendo que era el emblema de la comunidad LGTBIQ+, un acto que generó una fuerte condena social y que fue visto como un acto de violencia simbólica. Este tipo de actitudes refleja su desprecio hacia la diversidad y su rechazo a las luchas por la igualdad de derechos, lo que ha alimentado su oposición a leyes que protegen a estas comunidades.
La reciente actuación de Soto en el Te Deum Evangélico, sumada a su comportamiento en los medios, destaca la necesidad urgente de abordar la libertad de expresión en relación con el discurso del odio en Chile. Su participación en programas de televisión, como la denunciada entrevista en el matinal Mucho Gusto en 2020, ha generado un clamor por estándares más altos en la regulación de contenidos mediáticos. La sociedad se enfrenta al desafío de asegurar que la libertad de expresión no se convierta en un abrigo para la intolerancia, pues Chile aún presenta importantes deudas en la protección de quienes son víctimas de este tipo de agresiones.
