El Senado de Chile ha dado un paso significativo hacia la modificación de la Ley Lafkenche, una normativa que, según sus defensores, busca perfeccionar la regulación del uso del borde costero y favorecer un equilibrio con las actividades económicas que lo rodean. Con un plazo hasta el 4 de septiembre para presentar indicaciones, la propuesta cuenta con el respaldo de 28 senadores, mientras que otros 5 expresaron su desacuerdo y 5 se abstuvieron. Este debate ha puesto de manifiesto un tema sensible: la relación entre el Estado y los pueblos originarios, así como la gestión del borde costero, un aspecto fundamental del patrimonio chileno.
Durante la discusión, el senador Francisco Huenchumilla se destacó por su firme postura al calificar de mito la idea de que la Ley Lafkenche interfiere con la pesca artesanal o industrial. Huenchumilla, quien fue uno de los impulsores de la ley en 2008, subrayó que esta normativa es un reconocimiento del uso ancestral que los pueblos originarios han tenido sobre el litoral chileno, y aseveró que su implementación no debería interferir con las concesiones de pesca existentes. Su intervención buscó desmentir las narrativas que, según él, han sido mal interpretadas o manipuladas por diversos sectores políticos.
Huenchumilla no solo defendió la esencia de la ley sino que también criticó la ineficiencia del Estado en cumplir con los plazos establecidos para su implementación. Expresó su indignación ante el hecho de que, en lugar de asumir la responsabilidad de su propia negligencia, las instituciones estatales pretendan culpar a quienes buscan hacer uso de sus derechos ancestrales. Esto pone de relieve un problema estructural más amplio que afecta la credibilidad del gobierno en su trato hacia las comunidades indígenas y podría ser un caldo de cultivo para tensiones y conflictos futuros.
El senador también se refirió al contexto actual de la discusión, resaltando que en 2008, al momento de crearse la ley, el Convenio 169 de la OIT aún no estaba vigente en Chile, lo cual ha cambiado ahora y exige incorporar consultas a los pueblos originarios. Huenchumilla cuestionó al gobierno por implementar consultas sobre otros temas, como el informe de paz, pero, al mismo tiempo, intentar despojar a los pueblos indígenas de la protección que ofrece la Ley Lafkenche. Esta contradicción, según él, pone en riesgo la confianza que las comunidades tienen en el Estado y sus instituciones.
Por último, Huenchumilla instó a buscar una solución política que incluya a las empresas salmoneras y a los líderes comunitarios Lafkenche, sugiriendo que la convivencia entre estas partes es no solo posible, sino necesaria para el desarrollo sustentable del borde costero. En su conclusión, demandó a la coalición oficialista que asumiera su responsabilidad, recomendando que se condujera una política de Estado basada en el diálogo y la cooperación, en lugar de recurrir a acusaciones infundadas. La discusión particular sobre la modificación de la Ley Lafkenche se llevará a cabo en un clima donde el diálogo y el entendimiento son más necesarios que nunca.
