Una nueva publicación de la Plataforma Espacios Costeros Marinos ha revelado aspectos fundamentales sobre la controversia en torno a la Ley Lafquenche y su reciente ataque por parte de sectores vinculados a la industria salmonera. Esta ley, promulgada en 2008, es reconocida por su enfoque en la protección de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), garantizando derechos ancestrales y promoviendo la justicia social para los pueblos originarios. La campaña de difamación que busca desmantelar esta legislación se basa en acusaciones infundadas relacionadas con prácticas de abuso y delincuencia, las cuales no tienen respaldo en la realidad, contrarrestando así los datos oficiales y la narrativa de las empresas salmoneras que pretenden limitar estos derechos.
Desde su implementación, la Ley Lafquenche ha sido fundamental para la protección de las costas marinas y ha permitido que las comunidades originarias mantengan su relación ancestral con el mar, elemento esencial de su cultura y sustento. Sin embargo, actualmente enfrenta una embestida legislativa que pretende reformar sus disposiciones bajo el argumento de que hay «abusos» en su aplicación. Parlamentarios de ciertos sectores, alineados con la industria salmonera, cuestionan la ley acusando a las comunidades de cobrar peajes ilegales y ejercer bloqueos, argumentos que han sido refutados por un informe del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) que no ha registrado ningún caso formal de infracción en 17 años.
El intento de modificar la Ley Lafquenche es visto por muchos como un ataque organizado contra las comunidades mapuche-lafkenche, que son retratadas injustamente como obstáculos al desarrollo. Mientras tanto, la industria salmonera, criticada por su historial de contaminación de los ecosistemas marinos y evasión de normativas ambientales, se posiciona como aliada en este esfuerzo. Las cifras son clarificadoras: de las 428 concesiones salmoneras irregulares reconocidas, solo 78 han sido canceladas, lo que resalta la discrepancia entre la atención mediática que reciben las comunidades indígenas y la tolerancia hacia las prácticas de la industria.
Además, cualquier intento de reforma legislativa que no respete el proceso de Consulta Indígena, tal como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sería considerado no solo ilegal, sino también un acto de racismo institucional. La Ley Lafquenche, aunque susceptible de mejoras, ha demostrado ser eficaz garantizando los derechos de las poblaciones indígenas sin caer en abusos. Defender su integridad es, por lo tanto, un acto de resistencia cultural que busca contrarrestar los intereses de un lobby extractivista que, según muchos, construye narrativas engañosas en su búsqueda por privatizar los recursos marinos del país.
En este contexto, la Plataforma de Espacios Costeros Marinos hace un llamado a la sociedad a involucrarse y a informarse sobre estas cuestiones. La defensa de la Ley Lafquenche es crucial no solo para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, sino también para la salud de los ecosistemas marinos que se ven amenazados por las prácticas destructivas de la industria salmonera. La lucha por la verdad y la justicia ambiental debe ser colectiva y comprometida, enfrentando aquellos intereses que buscan perpetuar el despojo y la desigualdad en Chile.
