En junio de 2024, el gobierno chileno anunció que un total de 54 empresas de 10 países habían mostrado interés en participar en la exploración y explotación de litio en 26 salares del país. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó este hecho como un indicativo del amplio interés internacional en invertir en el potencial de litio de Chile, que se considera uno de los recursos estratégicos más importantes del futuro. Sin embargo, este proceso ha estado rodeado de controversias debido a las preocupaciones sobre la falta de transparencia que ha acompañado a la iniciativa, lo que ha llevado a diversas organizaciones, como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), a cuestionar la integridad del proceso de adjudicación y la involucración de estas empresas en el sector.
OLCA, evidenciando su preocupación por la opacidad del proceso, solicitó a la Subsecretaría de Minería el listado de las empresas interesadas, pero se encontró con la negativa del organismo, que invocó razones de confidencialidad. Esta situación encendió las alarmas entre las organizaciones sociales y ambientales que demandan mayor claridad y rendición de cuentas en el uso de los recursos naturales, especialmente en un contexto donde las comunidades indígenas y el medio ambiente se ven potencialmente amenazadas. En respuesta, OLCA decidió presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que dictó una resolución a favor de la organización, exigiendo la entrega de la información solicitada.
La situación escaló cuando el sector empresarial, respaldando la postura del Ministerio de Minería, optó por judicializar el acceso a la información. Entre las compañías que interpusieron recursos de ilegalidad se encontraba Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. (SOMINOR), asociado al Grupo Errázuriz, que ha estado involucrado en diversas negociaciones con el gobierno. También se manifestó la transnacional Enel, mediante su filial Enel Green Power Chile S.A., que busca ocultar información pese a su activa presencia en el mercado chileno y sus alianzas en la industria de energía renovable. Este acto de judicialización plantea serias interrogantes sobre la voluntad real de estas empresas de operar en un marco de confianza y transparencia.
El Observatorio OLCA no ha tardado en resaltar que este patrón de comportamiento evidencia una estrategia que falta de participación ciudadana y transparencia, además de resaltar las problemáticas inherentes en acuerdos entre el sector público y privado. Llamaron la atención sobre la alianza entre SQM y Codelco, un caso que ha suscitado controversias propias, y otros vínculos con empresas transnacionales que han sido cuestionadas en el ámbito ambiental. Para OLCA, la situación demuestra que la asociación entre actores políticos y empresariales a menudo prioriza intereses privados a expensas de un desarrollo más justo y sostenible.
La crítica del OLCA y las últimas acciones judiciales reflejan una realidad compleja en la que las decisiones sobre la explotación de recursos naturales, que debería ser en beneficio de la sociedad chilena, se ven empañadas por la falta de transparencia. La invitación a una mayor participación de las comunidades afectadas y la democratización del acceso a la información es fundamental para evitar que la Estrategia Nacional del Litio se convierta en otro capítulo de ocultamiento y desprecio a las demandas sociales. La industria del litio tiene el potencial de transformar la economía chilena, pero esto solo será posible si se gestiona bajo principios de transparencia, justicia y respeto por los derechos de todos.
