El tribunal ha acogido los argumentos de la defensa de Mauricio Hernández Norambuena, quien se encontraba en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS). Esta decisión fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que determinó que el encierro de Hernández, un interno de 68 años, vulneraba sus derechos. En una audiencia judicial, se ordenó a Gendarmería de Chile que devolviera a Hernández al Complejo Penitenciario de Rancagua en un plazo no superior a diez días. Esta resolución ha sido considerada un importante avance en la defensa de los derechos de los internos en el sistema penitenciario chileno.
El traslado repentino de Hernández al REPAS había generado alarma entre sus defensores y familiares, quienes argumentaban que esta decisión no contaba con justificación técnica. Desde el inicio, la defensa denunciaba que la medida configuraba un castigo de carácter político, lo que plantea serias interrogantes sobre la legalidad y el trato que reciben los prisioneros. La resolución del tribunal se funda en informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que avalan las afirmaciones de la defensa, establecer que el perfil criminal de Hernández no corresponde a los motivos que justifican su reclusión en un régimen de máxima seguridad.
Mauricio Menares Hernández, abogado y sobrino del interno, se mostró satisfecho con la resolución del tribunal, describiéndola como bien fundamentada. Menares aclamó el hecho de que el juez reconociera la humanidad de su tío y otorgara prioridad a sus derechos fundamentales. «La decisión del tribunal es un hito en nuestra lucha contra las injusticias que ha soportado Ramiro», declaró Menares, subrayando la necesidad de que el sistema penitenciario ajuste su enfoque de acuerdo con la realidad de cada interno, en lugar de aplicar sanciones arbitrarias.
A pesar de la favorable resolución, la defensa de Hernández no se muestra completamente tranquila, ya que anticipa posibles resistencias administrativas por parte de Gendarmería de Chile. Menares aclaró que, aunque la decisión no es susceptible de apelación, estarán atentos ante cualquier intento de la institución penitenciaria de recurrir a instancias superiores. Este contexto evidencia la continua tensión entre la administración penitenciaria y los derechos humanos, un aspecto que debe ser cuidadosamente monitoreado por la opinión pública y las autoridades pertinentes.
El caso de Mauricio Hernández Norambuena invita a una reflexión más amplia sobre el tratamiento de los prisioneros en Chile, especialmente en lo que respecta a decisiones que puedan estar influenciadas por factores políticos. La respuesta del tribunal no solo se centra en la situación particular de Hernández, sino que también plantea questionamientos sobre el uso del REPAS y cómo este puede vulnerar los derechos humanos de internos que no cumplen con los perfiles de criminalidad para permanecer en esas condiciones. A medida que el debate se despliega, la sociedad chilena se encuentra en una encrucijada en su camino hacia un sistema de justicia más equitativo y respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos.
