El Gobierno de Venezuela rechazó enérgicamente las recientes declaraciones del gobierno estadounidense, afirmando que las amenazas de Washington revelan una «falta de credibilidad» y ponen en peligro la «paz y estabilidad» no solo de su nación, sino de toda la región latinoamericana. En un comunicado emitido a través de su Cancillería, Caracas destacó que estos pronunciamientos se producen en un contexto de creciente tensión entre ambas naciones, donde el gobierno de Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe con buques y soldados, supuestamente para combatir el narcotráfico.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la postura de Estados Unidos, señalando que el presidente Trump está dispuesto a usar «todo su poder» para frenar el flujo de drogas desde Venezuela hacia su país. Afirmaciones que el gobierno venezolano considera erróneas y una muestra de la desesperación estadounidense ante una situación que, según reconocen, escapa de su control. «Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano», señala el comunicado.
Las autoridades venezolanas, lideradas por el presidente Nicolás Maduro, sostienen que el país ha logrado avances significativos en la lucha contra el narcotráfico desde la salida de la DEA en 2005. Aseguran que han desmantelado importantes redes criminales y controlado eficazmente sus fronteras. En este sentido, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que las Fuerzas Armadas venezolanas están listas para contrarrestar cualquier amenaza proveniente de la intervención militar estadounidense en la región.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos continúa posicionando a Maduro como un líder ilegítimo al que se le acusa de estar vinculado con el narcotráfico. La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, mencionó la confiscación de bienes valorados en 700 millones de dólares relacionados con el mandatario venezolano, un aspecto que ha intensificado las críticas hacia el régimen chavista en el contexto internacional. Pese a estas acusaciones, el gobierno venezolano mantiene que el verdadero objetivo de estas aseveraciones es desestabilizar su Administración.
En respuesta a la escalada de tensiones, Maduro ha ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos en un esfuerzo por fortalecer la defensa territorial y garantizar lo que él califica como un «plan de paz» frente a las amenazas externalizadas. Así, el escenario en la región se torna cada vez más complejo, con la participación activa de fuerzas militares en ambos lados y un permanente intercambio de acusaciones que podría tener repercusiones significativas para la estabilidad regional.
