La reciente decisión de la fiscalía de Guatemala de emitir órdenes de captura y solicitar la extradición de dos altos funcionarios colombianos, Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, embajador de Colombia en el Vaticano, ha desatado una ola de reacciones en ambos países. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Camargo y Velásquez de haber favorecido ilegalmente a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción que se remonta a la pasada década y que habría causado pérdidas millonarias al estado guatemalteco. Este asunto, que involucra la negociación de acuerdos judiciales con la polémica empresa brasileña, ha dejado en evidencia las complejas relaciones entre la justicia y la política en Guatemala, exacerbándose desde la clausura de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019.
Los cargos específicos contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo incluyen asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión. Rafael Curruchiche, fiscal de la FECI y aliado de la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras, ha declarado que ambos exfuncionarios usaron su posición de poder para facilitar acuerdos favorables a Odebrecht, una empresa ya marcada por escándalos de corrupción en varios países de América Latina. La fiscalía sostiene que estos convenios, que habrían vulnerado el sistema legal guatemalteco, generaron un daño económico significativo al estado, estimado en aproximadamente 3,000 millones de quetzales (390 millones de dólares), lo que resalta la grave magnitud de las acusaciones.
Durante su tiempo en la CICIG, Velásquez y Camargo jugaron papeles cruciales en la lucha contra la corrupción, llevando a la cárcel a importantes figuras políticas como expresidentes y altos funcionarios. Sin embargo, sus esfuerzos para erradicar la corrupción provocaron un fuerte enfrentamiento con el gobierno guatemalteco, especialmente bajo la administración del presidente Jimmy Morales. Morales intentó en varias ocasiones expulsar a Velásquez del país, lo que culminó en 2018 cuando el gobierno decidió no renovar el mandato de la CICIG, provocando protestas públicas. Las recientes órdenes de captura se perciben como una continuación de esa confrontación y un intento de silenciar a quienes lucharon por la justicia.
La reacción del gobierno colombiano frente a las órdenes de captura ha sido de defensa y apoyo a sus funcionarios. El presidente Gustavo Petro ha señalado que estas acciones albergan un carácter persecutorio que busca intimidar a quienes combaten la corrupción en Guatemala. Asimismo, el gobierno de Bernardo Arévalo, que acaba de asumir el poder, también ha criticado las órdenes por considerarlas arbitrarias y en violación de acuerdos internacionales, lo que refleja una brecha profunda entre las instituciones guatemaltecas y los esfuerzos del actual gobierno por restaurar la credibilidad en el sistema judicial del país.
El panorama actual en Guatemala revela una lucha intensa por el control del aparato judicial, que ha estado bajo el escrutinio internacional por su falta de independencia y la influencia de actores cercanos a la corrupción del pasado. La continuidad de acciones legales hacia personajes como Velásquez y Camargo pone de manifiesto el retorno de antiguos actores corruptos a posiciones de poder, y la inquietante realidad de que la lucha contra la corrupción en Guatemala sigue enfrentando obstáculos significativos. Organizaciones internacionales continúan advirtiendo de una represión sistemática contra aquellos que se han atrevido a desafiar el statu quo, lo que plantea un futuro incierto para la justicia en el país.
