La Corte de Apelaciones de Temuco ha ratificado la prisión preventiva para el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, involucrado en la investigación sobre el caso Convenios. Este fallo se refiere específicamente a la arista Manicure, donde Ojeda es acusado de ser el autor de un delito de fraude al Fisco. La decisión se emitió por la Tercera Sala del tribunal, que considera que su libertad representa un peligro para la seguridad pública, según las declaraciones del fiscal regional Carlos Cornejo, encargado de liderar las diligencias en la Región de La Araucanía.
Mauricio Ojeda se encuentra actualmente en el anexo penitenciario Capitán Yáber, ubicado en la Región Metropolitana, tras haber sido desaforado por el Congreso Nacional. Esta medida buscó facilitar el avance del proceso judicial en su contra, permitiendo que la Fiscalía explore a fondo las acusaciones de fraude. Se le atribuye la responsabilidad en el desvío de 730 millones de pesos que fueron transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a fundaciones que nunca llevaron a cabo los cursos prometidos para apoyar a mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas.
Según lo informado por Radio Universal, la investigación de la Fiscalía se centra en el uso indebido de fondos públicos y en el cumplimiento de acuerdos que no se llevaron a cabo. Las fundaciones Folab y Educc se encuentran en el centro de esta controversia, en un caso que ha reverberado en toda la política chilena. Este escándalo ha llevado a la Fiscalía a solicitar penas acumulativas que suman un total de 19 años de prisión para Ojeda, intensificando aún más la atención mediática sobre la situación.
La defensa de Ojeda, representada por el abogado Raúl Pérez Cofré, ha manifestado su intención de apelar a la decisión de la Corte, sosteniendo la inocencia del exdiputado en todos los cargos que se le imputan. Aseguran que la acusación no solo debe ser analizada desde la perspectiva penal, sino también teniendo en cuenta las circunstancias que rodean el manejo de los fondos públicos. Esta estrategia legal apunta a desmontar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y a demostrar que no existió dolo en la gestión de Ojeda.
El caso de Mauricio Ojeda es representativo de un problema mayor que enfrenta Chile: las irregularidades en el traspaso de fondos públicos hacia diversas fundaciones. Este escándalo ha generado una crisis política e institucional y ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de fiscalización sobre el uso de recursos estatales. La inestabilidad provocada por este tipo de situaciones ha comenzado a afectar la confianza pública en las instituciones, lo que despierta una urgente necesidad de reformas en la gestión pública y en el sistema político del país.
