El pasado 25 de marzo, las comunidades mapuche-williche de Cuyulhue en Púlpito vivieron una jornada de terror cuando un operativo policial, que involucró a 300 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), desató un violento allanamiento en plena madrugada. Desde esa fecha, los comuneros han manifestado su rechazo a lo que consideran una invasión armada que, lejos de amedrentar su lucha, ha potenciado su denuncia sobre el abandono del Estado y la necesidad urgente de restituir sus tierras ancestrales. Junto a llamados a la solidaridad, los líderes de las comunidades han expresado que el trauma colectivo que ha generado la intervención alcanza a todas las franjas de la población, desde niños hasta adultos mayores, quienes han sufrido un golpe severo a su bienestar emocional y psicológico.
Juan Carlos Luna, Werkén de la mesa territorial Cuenca Lago Huillinco-Cucao, ha sido vocal en subrayar la desproporción del recurso policial utilizado en este operativo, argumentando que el despliegue de armamento y la violencia ejercida son innecesarios para enfrentar a una comunidad que simplemente busca justicia y reconocimiento. En sus declaraciones, enfatiza que la falta de respuesta efectiva del Estado a sus demandas de tierras desde el año 2000 ha llevado a una situación crítica en la región, donde apenas se ha restitutido un 10% del territorio reclamado. Este vacío institucional ha conducido a la comunidad a una precariedad alimentaria y laboral, situación que posteriormente ha sido criminalizada, deslegitimando su lucha al presentarles como delincuentes en lugar de como víctimas de una historia de injusticia.
La situación económica de las comunidades se ha vuelto alarmante tras el allanamiento, donde además de las detenciones, las fuerzas policiales confiscaron herramientas esenciales para el trabajo diario, como camionetas, motosierras y equipos de aserradero. La pérdida de estos recursos está impactando directamente en la capacidad de las familias para sostenerse, ya que varios de los trabajadores importantes del sector están actualmente bajo arresto. Luna destaca que el daño social y psicológico causado es enorme y que quienes llevaban el sustento a sus hogares ahora se encuentran enfrentando procesos judiciales que podrían acentuar aún más su vulnerabilidad.
Ante este panorama, las comunidades de Chiloé se han visto en la necesidad de organizarse para delinear estrategias y respuestas que les permitan hacer frente a esta adversidad. La situación no solo involucra la defensa jurídica de los más de 20 imputados, sino que también busca generar un movimiento colectivo que visibilice la violencia estatal que creen estar sufriendo. Según los líderes de la comunidad, la moral sigue intacta y los habitantes de Cuyulhue continúan firmes en su determinación de reivindicar sus derechos, exigiendo atención nacional a su causa y manifestando una clara intención de unir esfuerzos con otras organizaciones de Chiloé para fortalecer su lucha.
Los dirigentes hacen un llamado urgente a la solidaridad en defensa de los derechos de los pueblos originarios y la dignidad humana, denunciando que la actual situación es un reflejo de un modelo que prioriza los intereses privados sobre estos derechos fundamentales. Con una postura clara de resistencia, aseguran que seguirán movilizándose y abogando por la libertad de quienes han sido encarcelados, así como por el fin de un sistema que ha minimizado históricamente sus demandas. La lucha por la tierra no es solo un reclamo territorial, sino una afirmación de identidad y dignidad que, según enfatizan, no se puede comprar ni transar bajo la presión y la fuerza. El futuro de la comunidad de Cuyulhue depende de la fortaleza y unidad ante una adversidad que ellos consideran profundamente injusta.
