Desde el inicio de su mandato, Javier Milei dejó claro su enfoque radical para enfrentar los problemas económicos de Argentina, en especial la crónica inflación que ha azotado al país por décadas. Promoviendo un «drástico recorte» del gasto público, el presidente libertario utilizó de manera emblemática una motosierra como símbolo de su intención, lo que le ha valido tanto admiradores como detractores. Tras asumir el cargo, Milei cumplió con su promesa de austeridad; desde enero de 2024, Argentina logró alcanzar un superávit fiscal histórico, algo sin precedentes en su economía. A pesar de la euforia inicial, los efectos de sus políticas no tardaron en notarse, generando un clima de tensión social en diversas áreas, especialmente en sectores vulnerables como la salud, la educación y las pensiones.
La reducción del gasto público aplicada por el gobierno de Milei ha tenido un impacto directo en la inflación, que descendió drásticamente del 210% anual a solo 47,3% en mayo de 2024. Esta mejora ha sido reconocida por economistas y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que ha proyectado un crecimiento notable del PIB de Argentina en 2024. Sin embargo, el costo social de esta estabilización económica ha sido muchísimo mayor, con descontento creciente entre diferentes grupos que se sienten desprotegidos ante las severas políticas de austeridad. La actual situación refleja una realidad donde el éxito fiscal se produce a expensas de los derechos y condiciones de vida de miles de argentinos.
Uno de los sectores más afectados es el de la salud pública. El Hospital Garrahan, el más destacado del país en atención pediátrica, ha sido símbolo de la crisis actual. Médicos residentes han declarado huelgas en respuesta a las condiciones laborales deterioradas y la falta de presupuesto para el hospital. Se estima que el número de médicos se ha visto drásticamente reducido, y muchos de ellos han optado por abandonar el sector público para unirse a la atención privada, en búsqueda de mejores salarios. Las protestas en torno al Garrahan no solo han reflejado el estado preocupante de la salud pública, sino también una creciente movilización social que clama por justicia y recursos en medio de un crecimiento económico para algunos.
Otro grupo que ha tomado las calles en protesta son las familias con personas con discapacidad. Tras las auditorías masivas que han llevado a la suspensión de pensiones por discapacidad, estas familias han denunciado un recorte sistemático en los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). A pesar de que el gobierno defiende su postura como una lucha contra el fraude, los afectados alertan sobre el impacto devastador que esto representa en sus vidas. Con aranceles congelados y servicios no remunerados adecuadamente, muchos de estos grupos han unido fuerzas con otros sectores en manifestaciones frente al Congreso, buscando que se declare una emergencia en discapacidad que garantice apoyo y derechos.
Los jubilados también se encuentran entre los más perjudicados por la política de ajuste del gobierno. Con recortes significativos en el sistema previsional, muchos han visto cómo sus pensiones no solo han perdido poder adquisitivo, sino que los beneficios médicos han desaparecido. Las protestas semanales frente al Congreso son un grito de auxilio de un sector que se siente marginado. Con la moratoria previsional vencida y un contexto económico tan volátil, los jubilados intentan presionar a los legisladores para lograr un aumento en las jubilaciones, sin embargo, el ejecutivo ha manifestado que cualquier ajuste comprometería su objetivo de «déficit cero». Esta situación evidencia una clara dicotomía entre la búsqueda de la estabilidad económica y el bienestar social de una población que no encuentra respuestas adecuadas a sus necesidades.
