El pasado 4 de septiembre, la Subsecretaría de Derechos Humanos convocó a una reunión con el objetivo de dialogar sobre los delitos cometidos durante el Estallido Social. Sin embargo, casi seis años después de los hechos, muchos críticos ven esta reunión como una medida tardía y superficial que no demuestra un compromiso genuino por parte del Gobierno para abordar las demandas de las víctimas. Los abogados que representan a estas personas decidieron no asistir, argumentando que el encuentro es un mero «gesto simbólico» que no resuelve la ineficiencia de la respuesta estatal ante las injusticias sufridas.
El profundo descontento de las víctimas y sus representantes quedó evidente con la decisión de boicotear la reunión. Tras casi seis años de espera y luchas por reparación, afirman que ya no necesitan más diagnósticos ni mesas de trabajo que no llevan a cambios reales. La senadora Fabiola Campillai, quien ha respaldado estas voces, enfatiza que el Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para implementar soluciones efectivas y que es hora de pasar a la acción con voluntad política.
En este contexto, se ha presentado un proyecto de Ley de Reparación Integral, impulsado por las propias víctimas, que busca establecer un sistema de compensación adecuado para quienes padecieron torturas, violencia sexual, y otras violaciones de derechos humanos. Este proyecto, entregado formalmente a fines de 2024, apunta a ofrecer una solución más inclusiva que los programas estatales ya existentes, al considerar aspectos psicológicos, sociales, de salud y económicos de los afectados.
A pesar de que la propuesta fue elaborada desde la experiencia y perspectiva de quienes han sufrido, el Gobierno ha optado por no tramitarla, eligiendo en su lugar desarrollar su propia iniciativa que, hasta el momento, no ha sido formalizada. Esta falta de acción ha generado un clima de desconfianza y ha consolidado la percepción de que el Estado carece del compromiso necesario para abordar las demandas de justicia y reparación de forma efectiva.
Karinna Fernández, abogada representante de muchos afectados, ha denunciado que la respuesta estatal ha sido fragmentada y, en ocasiones, revictimizante. Añadió que la decisión de revocar pensiones para aquellos con antecedentes penales, junto con la falta de recursos para que el Ministerio Público lleve a cabo investigaciones adecuadas, crea un ciclo de impunidad inaceptable. En un panorama donde la mesa de diálogo gubernamental se queda vacía, el mensaje instado por las víctimas es claro: la verdadera justicia no se logra con encuentros simbólicos, sino con acciones concretas y decididas por parte del Estado.
