La iniciativa del proyecto de ley Sala Cuna en Chile ha quedado estancada en el Senado tras la oposición de sectores de la derecha, lo que ha generado críticas y preocupación por una posible privatización del sistema de cuidado infantil. En medio de un clima político tenso, el oficialismo acusó a la oposición de maniobras para bloquear la votación antes del cambio de mando, lo que ha llevado a un desacuerdo en la tramitación del proyecto, que ya había sido aprobado por la Comisión de Trabajo. Este estancamiento es particularmente alarmante dado que la reforma busca eliminar una histórica discriminación en el Código del Trabajo que limita el acceso a la sala cuna solo a empresas con 20 o más mujeres contratadas.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, calificó el bloqueo de la iniciativa como una decisión grave que priva a miles de personas de su autonomía económica y señaló que no aprovechar esta oportunidad es irresponsable. La falta de aprobación de esta ley podría impedir la creación de más de 145,000 empleos para mujeres, lo que enfatiza su importancia en el contexto actual. Según el gobierno, el proyecto propone un modelo de sala cuna que sea universal y que funcione a través de un Fondo Mixto, financiado por el Estado y los empleadores, garantizando así que tanto padres como madres puedan acceder al beneficio, independientemente del tamaño de su empresa.
Desde el Ministerio de la Mujer, Antonia Orellana subrayó la necesidad de este cambio, argumentando que el sistema actual castiga la contratación femenina y favorece la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Este nuevo enfoque busca que las trabajadoras no tengan que elegir entre su carrera profesional y la crianza, algo que ha sido un problema latente en el país. Sin embargo, a pesar del apoyo que recibe desde el gobierno, el proyecto enfrenta oposición no solo desde la derecha, sino también desde los gremios de la educación inicial, quienes ven en esta reforma una amenaza a la educación pública.
Ivonne Rosas Jofré, presidenta del Sindicato Nacional N°1 de Trabajadores de Fundación Integra, ha expresado su preocupación por que la iniciativa podría derivar en la privatización del sistema de salas cuna. Rosas criticó que, en lugar de destinar fondos a mejorar la infraestructura pública existente, se prioricen iniciativas que podrían beneficiar al sector privado. Este sentimiento entre los trabajadores de la educación inicial se ha traducido en un llamado a los legisladores a invertir en la mejora de los jardines públicos, los cuales, según denuncian, padecen de condiciones deficientes que podrían ser atendidas antes de considerar una privatización.
La controversia se intensifica con las declaraciones de Camila Vallejo, vocera del gobierno, quien apuntó al partido UDI y al presidente electo José Kast por las «señales confusas» que han contribuido al estancamiento del proyecto en el Senado. Vallejo advirtió que el fracaso de esta legislación no solo representa una derrota para el gobierno, sino un fracaso para el país en su conjunto, afectando a las familias que ansían esta reforma. Mientras el gobierno presiona por la aprobación del Fondo Mixto, los trabajadores de Integra y Junji continúan exigiendo un debate sobre la necesidad de fortalecer los jardines públicos, argumentando que es esencial evitar que este beneficio se convierta en una mera transferencia de recursos hacia el sector privado.
