La Ley de Pesca, tras 15 años de vigencia, ha reavivado el debate en torno a la regulación y el fraccionamiento de los recursos pesqueros en Chile, especialmente la merluza y el jurel. Esta discusión se intensificó aún más con la reciente tragedia del naufragio de la lancha Bruma y la desaparición de sus siete tripulantes en la Región del Biobío. Familias y comunidades de pescadores se encuentran en una incertidumbre extrema mientras se buscan respuestas sobre el paradero de los desaparecidos y la responsabilidad de la empresa Blumar, involucrada en este enigmático suceso. El cambio en la narrativa comunicado por la empresa, al emplear términos como «naufragio» en lugar de «colisión», ha generado una crítica sobre la transparencia y la gestión comunicacional de la crisis.
El lamentable evento del naufragio ha llevado a Blumar a declarar un Estado de Crisis K1, lo que demuestra la gravedad de la situación. Enrique Sarquis, principal accionista de la empresa, ha sido parte activa en las gestiones, a pesar de estar convaleciente. La reestructuración de la estrategia comunicacional ha incluido la contratación de expertos en relaciones públicas, como la empresa SIMPLiCE, que ha reformulado el discurso sobre el incidente desde el primer momento, alejándose de términos que podrían implicar culpabilidad. A su vez, esta situación ha suscitando la reflexión sobre las obligaciones de la Armada y del sistema de seguridad marítima en la supervisión y protección de las rutas de navegación, cuestiones que deben ser analizadas con urgencia.
Las investigaciones no han estado exentas de polémica, especialmente tras las declaraciones del abogado defendiendo a Blumar, Alejandro Espinoza. Su afirmación de que la lancha Bruma no tenía sus aparatos de localización activados plantea serias preguntas sobre la supervisión que efectúa la Armada sobre las embarcaciones en aguas chilenas. La comunidad y los familiares de los desaparecidos demandan respuestas claras sobre el papel de la Armada en la prevención de colisiones y en la vigilancia del sistema de navegación marítima. Existen dudas sobre si se han cumplido con los protocolos establecidos para la localización de embarcaciones y si hay efectivamente un monitoreo constante de las rutas marítimas.
Las omisiones en la investigación han causado un descontento palpable, principalmente entre los pescadores artesanales que ven esta tragedia como un síntoma de una subestimación crónica de sus preocupaciones y derechos. La designación de una fiscal regional, cuya trayectoria en casos anteriores ha sido cuestionada, añade un matiz de desconfianza sobre la conducción de la investigación. Los dirigentes del sector pesquero han demandado la creación de un fiscal especial que se enfoque exclusivamente en este caso y que garantice objetividad en las indagatorias. Este tipo de demandas refleja no solo la espera de justicia para los afectados, sino también una exigencia de responsabilidad y seguridad para quienes trabajan diariamente en el mar.
Finalmente, la historia del Cobra y la lancha Bruma podría ser una oportunidad para replantear las normas de seguridad marítima en Chile, enfocándose en la necesidad de una reglamentación más estricta y un mejor cumplimiento de la misma. Las lamentables circunstancias que rodean el naufragio no deben caer en el olvido, y deben incentivarse cambios significativos que impidan que situaciones similares se repitan en el futuro. Desde la comunidad pesquera hasta las autoridades competentes, es imperativo que todos los sectores involucrados se unan para garantizar la seguridad en las aguas chilenas. Se espera que el avance en la investigación arroje claridad sobre las responsabilidades y que, a su vez, desencadene un impulso hacia un sistema de vigilancia y prevención más robusto en el mar.
