La falta de soluciones habitacionales ha desatado protestas en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, tras el violento desalojo del 12 de agosto ejecutado por la empresa Forestal Arauco S.A. Vecinos de la localidad han denunciado que este desalojo dejó a numerosas familias, muchas de ellas con niños, completamente desamparadas. La situación se ha vuelto crítica, ya que muchas de estas familias se han visto forzadas a vivir en carpas, exponiéndose a las frías temperaturas del sur de Chile, lo que agrava aún más su condición de vulnerabilidad. Las manifestaciones se han extendido por varios sectores de la comuna como una respuesta clara a la falta de atención a sus demandas de vivienda digna.
Los vecinos de Curanilahue han expresado su temor a nuevos desalojos, particularmente en otros asentamientos donde centenares de hogares podrían verse afectados. La situación se torna aún más compleja en el contexto de la reciente Ley de Usurpaciones promovida por el actual Gobierno chileno, que ha intensificado el sentimiento de incertidumbre y desesperación entre las comunidades vulnerables. Las protestas no solo buscan visibilizar la crisis habitacional; también demandan el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los habitantes que ven cómo sus necesidades básicas son ignoradas mientras son amenazados con ser desalojados de sus hogares.
Históricamente, Curanilahue ha estado marcado por la explotación de recursos naturales, especialmente la minería del carbón, que ha dejado una huella profunda en la comunidad. Sin embargo, la llegada de Forestal Arauco, parte del Grupo Angelini, ha transformado vastas extensiones de tierra en monocultivos de pinos y eucaliptos. Esta conversión ha llevado a los pobladores a protestar no solo contra los desalojos, sino también contra el despojo que sienten las tierras de su comunidad, las cuales podrían ser utilizadas para el desarrollo de viviendas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La falta de respuesta por parte del Gobierno de Chile ante esta crisis ha suscitado críticas y sentimientos de desamparo en los afectados. Muchos argumentan que el silencio gubernamental no es más que una manifestación de complicidad con la empresa privada, remarcando la desconexión entre las necesidades sociales de la comuna y las políticas públicas implementadas. A medida que las tensiones aumentan, las autoridades parecen reticentes a abordar el problema de la vivienda de manera efectiva, dejando a la comunidad en una situación de inacción y desconfianza.
El conflicto en Curanilahue es un reflejo de la crisis social y humanitaria más amplia que se vive en el sur de Chile, donde el derecho a una vivienda digna se enfrenta a los intereses económicos de grandes corporaciones. A medida que la población continúa movilizándose en busca de atención y soluciones, queda claro que la lucha por el suelo y la vivienda sigue latente, marcando un hito en la historia de resistencia de las comunidades afectadas. Las protestas recientes son solo una muestra del creciente descontento social que podría llevar a un cambio fundamental en la relación entre las comunidades locales y el poder económico.
