El Segundo Tribunal Ambiental tomó una decisión histórica el miércoles 14 de mayo al anular la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto «Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi», que tiene un valor estimado en más de US$ 3.200 millones. Este fallo responde a las denuncias presentadas por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, quienes alegaron que no se les consideró adecuadamente en el proceso de evaluación ambiental que se aprobó en diciembre de 2021. La anulación resalta la importancia de la consulta indígena y el respeto por los derechos de las comunidades originarias en proyectos de gran envergadura.
La sentencia del tribunal indica que las asociaciones indígenas reclamantes de caleta Chanavaya no fueron caracterizadas de manera adecuada, lo que compromete la validez del proceso evaluativo. Además, se citan reparos formulados por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) que no fueron considerados en la etapa recursiva, a pesar de su trascendencia. El tribunal enfatiza que la falta de cumplimiento con el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -donde se debieron realizar reuniones clave para recopilar información sobre afectaciones directas a las comunidades- es una violación a los derechos de los pueblos indígenas.
Entre las irregularidades destacadas, el tribunal mencionó problemas significativos en la propuesta de operación de la planta desaladora en Punta Patache, que se prevé que funcione con una capacidad inicial de 525 litros por segundo y posteriormente de 1.050 litros por segundo. Se detectó que no se verificó la velocidad de succión de la planta, ni se llevó a cabo un modelamiento adecuado de la sedimentación de la salmuera y sus impactos a mediano y largo plazo. La falta de un plan de vigilancia marina apropiado, que solo cubre los primeros cinco años, es otro punto crítico que se señala en el fallo.
El proyecto de Collahuasi, que contempla la ampliación del procesamiento de sulfuros de 170 mil a 210 mil toneladas diarias, se enfrenta ahora a un proceso de reevaluación ambiental que deberá iniciar desde el Informe Consolidado de Evaluación (ICE). Esto incluye la elaboración de un nuevo Informe de Consultas y Afectaciones Socioambientales (ICSARA) que tome en cuenta todas las ilegalidades detectadas. Este fallo no solo implica un retraso significativo para el proyecto, sino que también establece un precedente fundamental en la forma en que se deben considerar las voces y preocupaciones de las comunidades indígenas en la evaluación de proyectos de gran impacto.
La decisión del Segundo Tribunal Ambiental marca un hito importante en el ámbito de la justicia ambiental en Chile, reafirmando que los derechos de las comunidades indígenas no pueden ser subordinados a intereses económicos. La consulta indígena y el análisis riguroso de los impactos ambientales a largo plazo son esenciales en todos los proyectos, independientemente de su magnitud de inversión. Este caso recalca la necesidad de un enfoque más inclusivo y responsable en la planificación de proyectos que afectan significativamente a comunidades tradicionales y al medio ambiente.
