La mañana del viernes 27 de marzo, la comunidad educativa del Instituto Obispo Silva Lezaeta se vio estupefacta tras un ataque premeditado por parte de un alumno de 18 años, quien ingresó al establecimiento armado con cuchillos y elementos acelerantes. Este violento episodio dejó como saldo la trágica muerte de una funcionaria identificada con las iniciales M.V.R., además de varios heridos, incluyendo a otra trabajadora y tres estudiantes menores de 15 años. La rápida intervención de Carabineros permitió la detención del agresor, quien fue encontrado en la escena del crimen con los mismos utensilios que utilizó durante el ataque.
Según la información disponible, el ataque se desató cuando las inspectoras intentaron mediar en una disputa entre alumnos. Sin embargo, las autoridades no descartan que la agresión contra la inspectora fallecida haya sido un ataque dirigido y premeditado. Horas previas al incidente, el alumno había compartido en sus redes sociales imágenes inquietantes en las que aparecía encapuchado sosteniendo un cuchillo, acompañado de una frase que sugería un inminente acto violento. Este oscuro presagio de violencia culminó en un asalto a la paz que debería reinar en las aulas.
La repercusión de este trágico suceso ha sido profunda. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, expresó su consternación, calificando el hecho como «dramático, terrible y horroroso». Aguilar subrayó la inaceptabilidad de que un profesional de la educación pierda la vida mientras cumple con su labor pedagógica y envió sus condolencias a la familia de la funcionaria fallecida y a la comunidad de Calama. Además, el dirigente hizo un llamado a la acción, recordando que el gremio ha advertido sobre el incremento de la violencia en las aulas, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas efectivas para abordarlo.
En su intervención, Aguilar criticó la falta de herramientas legales y programas de salud mental que puedan mitigar la violencia escolar, mencionando la urgente necesidad de que la Ley de Convivencia sea publicada en el Diario Oficial. Para él, esto se ha convertido en una problemática de máxima prioridad en el sistema educativo chileno. En ese contexto, el presidente del Colegio de Profesores instó a las nuevas autoridades del gobierno de José Kast a implementar medidas concretas y efectivas que aborden esta alarmante escalada de violencia, a la vez que hizo un llamado a la sociedad para no normalizar estos actos.
Mientras tanto, en Calama, las clases han sido suspendidas tras el incidente, y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones continúa con las pesquisas pertinentes para esclarecer los motivos detrás de este desgarrador crimen que ha sembrado el luto en la educación nacional. El Colegio de Profesores y Profesoras ha ofrecido su colaboración para crear un Plan Nacional de Convivencia Escolar que enfrente esta crisis, enfatizando la urgencia de restablecer la seguridad en los espacios educativos, donde las familias deberían tener la certeza de que sus hijos están a salvo. La comunidad educativa espera que este evento sirva como un punto de inflexión en la lucha contra la violencia en las aulas.
