La violencia obstétrica (VO) en Chile continúa siendo una grave preocupación a pesar de la existencia de protocolos que buscan garantizar una atención digna y respetuosa para las mujeres durante el parto. Según un estudio de percepción sobre la VO realizado en el país, el 79,3% de las mujeres reporta haber experimentado algún tipo de violencia obstétrica, lo que pone de manifiesto la disonancia entre las políticas públicas y la experiencia real de las pacientes. La VO se define como el trato deshumanizado que el personal de salud ejerce sobre las mujeres en el contexto de su atención reproductiva, resultando en prácticas que no solo ignoran sus derechos humanos, sino que afectan su bienestar emocional y físico. Esto resalta un problema sistémico que exige atención inmediata y reformas significativas en el ámbito de la atención materna y sexual.
Según Carolina González, matrona y directora del Observatorio de la Violencia Obstétrica en Chile, las causas subyacentes de esta violación a los derechos de las mujeres incluyen tanto la falta de personal en los hospitales como una cultura institucional que a menudo perpetúa la violencia y el maltrato. Las prácticas comunes de VO comprenden desde la prohibición de alimentos y líquidos durante el parto, hasta el uso de procedimientos invasivos como los tactos vaginales reiterados sin consentimiento. Las estadísticas reveladoras indican que hasta el 68.8% de las mujeres se ha visto impedida de consumir líquidos, lo que no solo pone en riesgo su salud, sino que también refleja una falta de empatía y respeto por su autonomía.
Los testimonios de mujeres como Alicia Muñoz y Camila Flores ilustran de manera vívida los efectos traumáticos que la VO puede tener. Alicia relata cómo una maniobra médica realizada sin su consentimiento provocó que se sintiera violentada durante su parto, un momento que debería ser celebrado y cuidado. Camila, por su parte, experimentó un trato despectivo durante su cesárea, lo que no solo afectó su salud física, sino que también dejó huellas emocionales significativas. Estos relatos evidencian la urgencia de abordar la cultura de la violencia en el parto y la necesidad de crear espacios seguros donde se respete la dignidad de las mujeres en todas las etapas del proceso reproductivo.
La falta de un marco legal que aborde específicamente la violencia obstétrica ha llevado a la propuesta de la Ley Adriana, que busca establecer derechos claros para las mujeres en relación a su salud reproductiva. Este proyecto de ley, que incluye principios de dignidad, autonomía y respeto a la diversidad cultural, busca sancionar prácticas inaceptables y garantizar que el personal de salud reciba formación en derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, a pesar del gran apoyo social, la ley ha sido estancada en el Congreso, lo que demuestra la resistencia institucional a implementar cambios cruciales dentro del sistema de salud.
Finalmente, es evidente que erradicar la violencia obstétrica en Chile requiere un cambio profundo en la cultura de atención obstétrica, que abarque desde la formación de los profesionales hasta la implementación de prácticas respetuosas y humanizadas en el parto. Las voces de mujeres que han vivido estas experiencias, junto con el compromiso de matronas y futuras generaciones de profesionales de la salud, son cruciales para promover un parto sin violencia. Se necesita un esfuerzo colectivo para garantizar que la atención obstétrica sea un momento seguro y afirmativo, y no una fuente de trauma y sufrimiento. La pregunta queda en el aire: ¿están los sistemas de salud dispuestos a escuchar estas voces y a dejar atrás la violencia que ha sido normalizada durante tanto tiempo?
