Una decisión que genera polémica y divide opiniones en Argentina se confirmó el 29 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza la entrada de contingentes militares estadounidenses al territorio argentino para la denominada Operación Tridente. El plan prevé la presencia de tropas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, en bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, así como en áreas destinadas a instrucción militar, marítima y terrestre. La medida ha desatado críticas no solo por sus implicancias geopolíticas, sino también porque, de acuerdo con la Constitución, una operación de esa naturaleza requeriría la aprobación previa del Congreso, trámite que el decreto sostiene haber evitado invocando una supuesta “naturaleza excepcional” de la crisis.
Legalmente, el decreto se mueve como un instrumento administrativo y no como una ley sancionada por el Parlamento. El Ejecutivo sostiene que las condiciones del momento hacen imposible seguir los trámites ordinarios y que la intervención de la vía legislativa atrasaría una respuesta necesaria. Este argumento ha reabierto el debate sobre los límites de la autoridad presidencial en situaciones de crisis, en un momento en que reportes periodísticos señalan avances en un plan de apoyo financiero por parte de Estados Unidos a Milei, que incluiría créditos y la compra de bonos para enfrentar la crisis económica.
En el plano militar, el decreto describe la Operación Tridente como una oportunidad estratégica para Argentina, destacando que los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados fortalecen capacidades nacionales, interoperabilidad y alianzas internacionales. Según el documento, el Ejército argentino intervendría con la Agrupación de Comandos Anfibios y la Agrupación de Buzos Tácticos; por parte de Estados Unidos se mencionaría un contingente de Navy SEALs, y en lo operativo también figurarían el patrullero oceánico ARA Bouchard, una lancha rápida y un helicóptero SH-3 Sea King. El texto añade que la experiencia previa de las Fuerzas Navales Especiales estadounidenses respalda el fortalecimiento doctrinal y la coordinación entre fuerzas aliadas.
Las críticas no tardaron en surgir desde el plano local. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, advirtió que Tierra del Fuego no es moneda de cambio y que “la Antártida y las Islas del Atlántico Sur deben ser defendidas como territorio nacional”, indicando que no permitiría que la región fuera instrumentalizada para fines electorales o ajenos a su soberanía. A ello se sumó el cuestionamiento sobre el costo de los ejercicios, estimado en unos 60 millones de pesos argentinos (aproximadamente US$42.000), cifra que, según el Gobierno, ya está prevista en partidas de Defensa. En el marco regional, se mencionó también la preocupación por la creciente influencia de actores externos y la necesidad de cooperación para enfrentar amenazas transnacionales y la competencia geopolítica en el Cono Sur.
El decreto también concede la participación argentina en el ejercicio Solidaridad, programado en Puerto Varas, Chile, del 5 al 11 de octubre de 2025. Este ejercicio binacional, que se realiza cada tres años, busca fortalecer la cooperación en simulacros de catástrofes naturales y operaciones de ayuda humanitaria, enmarcado en el Acuerdo de Cooperación en Materia de Catástrofes suscrito en 1997. Con ello, el Gobierno argentino busca, según sus responsables, reforzar la estabilidad regional y la seguridad internacional, aunque la medida ha reabierto un debate sobre la orientación de la política exterior hacia Estados Unidos y el impacto en las relaciones con otros actores regionales.
