En un contexto marcado por un creciente descontento social por el histórico alza en los precios de los combustibles y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de la población, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT) ha elevado la presión sobre el Gobierno para que inicie con urgencia las negociaciones relativas al salario mínimo 2026. En una reunión celebrada con miembros de las comisiones de Trabajo del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, la CUT expresó su preocupación por el aumento acentuado de precios, que se ha visto exacerbado por la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Este aumento ha tenido un efecto dominó sobre el costo de la vida, impactando negativamente en diversas áreas, como el transporte, los alimentos y los servicios básicos, lo que ha golpeado duramente los bolsillos de las familias chilenas.
Durante el encuentro, José Manuel Díaz, presidente de la CUT, enfatizó que la reunión con el Ministerio del Trabajo es crucial para iniciar formalmente el trabajo de reajuste del salario mínimo, con un plazo límite establecido hasta el 1 de mayo para promulgar cualquier aumento. Esta fecha es considerada un hito importante, ya que coincide con el Día del Trabajador, momento de gran simbolismo y reivindicación en el que se busca visibilizar las demandas de los trabajadores. Desde la CUT, se exige a la administración de José Antonio Kast que convoque sin dilaciones a una mesa de diálogo social que permita alcanzar un acuerdo que alivie la carga financiera que enfrentan muchas familias en el país.
Las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, en las que vinculaba un posible reajuste salarial a la contención del crecimiento y del empleo, provocaron una fuerte respuesta de la CUT. Rau sostenía que la administración de Kast no puede permitir que los costos laborales aumenten por encima de la productividad. En contraste, Díaz argumentó que esta perspectiva ignora la prioridad de abordar la crisis de poder adquisitivo que afecta a los trabajadores, afirmando que las preocupaciones sobre el empleo no deberían prevalecer sobre la necesidad urgente de proteger los ingresos de quienes se ven impactados por la inflación y el aumento generalizado de precios.
Díaz insistió en que el ajuste al salario mínimo debe ir más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contemplar una compensación real por el impacto derivado del alza del precio de la gasolina y el encarecimiento del costo de la vida en general. “Este es un momento oportuno para que el Gobierno demuestre su compromiso con la recuperación del poder adquisitivo que se ha erosionado en los últimos meses”, manifestó el presidente de la CUT. La organización sindical ve esta negociación como una oportunidad para reivindicar condiciones de vida más dignas para los ciudadanos, proponiendo un salario mínimo que les permita sobrellevar la crisis económica actual.
La situación es respaldada por diversas voces parlamentarias. La diputada Gael Yeomans expresó su desprecio por la falta de diálogo del Gobierno con la CUT, indicando que ignorar a la principal organización de trabajadores del país socava la tradición de diálogo democrático esencial en la discusión del salario mínimo. Además, el diputado Luis Cuello criticó la percepción de un «doble castigo» a las familias trabajadoras que enfrentan el alza de los combustibles y una contención del reajuste del salario al IPC, lo cual, según argumentó, resulta en una reducción real de sus salarios. En medio de estas tensiones, el senador Daniel Núñez exigió al Ejecutivo actuar con prontitud y subrayó que el salario mínimo no debe caer por debajo de la línea de pobreza, haciendo un llamado urgente para establecer una mesa de negociación que atienda las verdaderas necesidades de la población.
