La reciente posible concesión de un indulto presidencial a José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años por el asesinato del ecuatoriano Romario Veloz, ha generado un fuerte debate político en Chile. Faúndez, quien durante el Estado de Excepción ordenó acciones letales contra civiles en La Serena, se perfila como el primer beneficiario de esta nueva política de indultos impulsada por el presidente José Kast. Este contexto es particularmente delicado, ya que la decisión de indulto, que se aplicará caso a caso, ha resucitado las heridas abiertas de aquellos que han sufrido la violencia estatal y pone en duda el compromiso del gobierno con la justicia y la reparación de las víctimas.
La conducta de Faúndez durante el episodio trágico de octubre de 2019 ha sido calificada por la justicia chilena como una grave falta de auxilio humanitario. Ordenó disparar con munición real a civiles y prohibió la asistencia a los heridos, lo que ha llevado a considerarlo responsable de una acción calificada de brutalidad innecesaria. Sin embargo, Faúndez ha mantenido su defensa, sosteniendo que su conducta fue parte de un deber institucional en el marco de un Estado de Excepción. Su defensa legal, a pesar de no haber logrado revertir la sentencia en la Corte Suprema, sigue sosteniendo la narrativa de ser víctima de una persecución política, lo que añade un matiz más complejo a su situación.
La situación del oficial no solo ha capturado la atención de los analistas políticos, sino que también ha provocado reacciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas del país. Mientras algunos, como Jaime Quintana, del PPD, sugieren una revisión cuidadosa de cada caso, otros en el oficialismo ven en Faúndez un símbolo del deber cumplido en tiempos de crisis. Esta polarización evidencia una división profunda en la sociedad chilena, donde las heridas del pasado reciente siguen abiertas y las cuestiones de justicia y perdón se entrelazan de maneras complicadas.
El escándalo se agrava aún más al descubrir que el Ejército de Chile trató de conceder a Faúndez una pensión vitalicia de 2 millones de pesos mensuales, lo cual fue bloqueado por el Ministerio de Defensa, consciente de que la condena incluía inhabilitación perpetua para cargos públicos. Esta maniobra administrativa resalta el intento del Ejército de proteger a uno de sus propios a costa de las víctimas de su actuación, planteando interrogantes sobre la ética y las prioridades de las instituciones en el tratamiento de sus miembros en lugar de las necesidades de justicia de la sociedad.
A medida que se aproxima la decisión del indulto presidencial, las familias de las víctimas, incluido el caso de Romario Veloz, sienten que sus años de lucha por la justicia están siendo echados por la borda. El indulto no solo amenaza con convertir a Faúndez en un símbolo de protección institucional, sino que también plantea un claro desafío a la memoria histórica y a los derechos de quienes han sido afectados por la violencia estatal. Con su caso, se podrían redefinir las prioridades éticas de un país que aún busca sanar sus profundas divisiones y establecer un camino hacia la reconciliación sin ignorar las verdades dolorosas del pasado.
