La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) ha alzado la voz ante el incierto panorama regulatorio que afecta a los usuarios de aplicaciones de transporte en el país. En el contexto de la Ley N° 21.553, que busca establecer normas claras para estas plataformas, ODECU exige que el debate se centre en la protección de los derechos de los consumidores, más que en los intereses de la industria. La organización sostiene que el marco normativo debe contemplar elementos fundamentales como la seguridad, la transparencia y la protección de datos personales, con el fin de asegurar un servicio de calidad y confiabilidad para todos los usuarios.
Según ODECU, la Ley N° 21.553 ofrece avances significativos al reconocer a las plataformas como empresas de transporte y al establecer la responsabilidad de estas ante fallas en el servicio. Sin embargo, la falta de un reglamento que implemente adecuadamente esta ley ha generado incertidumbre entre los usuarios. Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, advierte que los consumidores no pueden seguir en un estado de indefinición, atrapados entre la presión de las plataformas y las disputas políticas. La necesidad de una regulación clara y efectiva se vuelve, por tanto, un reclamo urgente.
ODECU ha señalado que cualquier modificación al reglamento debe basarse en criterios técnicos y evidencia verificable, evitando que el interés de las empresas prevalezca sobre los derechos de los consumidores. Entre los aspectos esenciales que la organización considera innegociables están las garantías de información clara sobre tarifas, la identificación verificable de conductores y vehículos, así como la posibilidad de cancelar el servicio sin costo si hay inconsistencias entre lo prometido y lo entregado.
Además de los aspectos relacionados con la prestación del servicio, ODECU también ha puesto el foco en la protección de datos personales. Las aplicaciones de transporte manejan información sensible que podría comprometer la privacidad de los ciudadanos. En este sentido, la organización demanda que se establezcan exigencias robustas en materia de seguridad de la información y límites claros sobre cómo se manejarán y utilizarán estos datos.
Finalmente, el llamado de ODECU al Ejecutivo es contundente: es imperativo definir un cronograma claro para la implementación del reglamento de la Ley N° 21.553. También insta a garantizar que no se rebajen los estándares de protección actuales y a fundamentar adecuadamente cualquier cambio que se proponga. La participación activa de las organizaciones de consumidores en todo el proceso es igualmente crucial, en aras de construir un sistema que verdaderamente resguarde los derechos de las personas ante el avance de empresas en el sector.
