El abogado de derechos humanos Francisco Bustos ha alertado sobre el otorgamiento de beneficios de reclusión domiciliaria al exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), César Manríquez. Durante una reciente entrevista en el programa «Sentido Común» de Canal Ciudadano, Bustos calificó esta decisión como una manifestación de «impunidad» que permite al criminal de la dictadura abandonar la prisión efectiva. Manríquez fue declarado «enajenado mental» por el Servicio Médico Legal (SML), lo que facilitó la sustitución de su condena por el cuidado de su familia o su internación en un hospital psiquiátrico, una evaluación que el abogado cuestiona fuertemente debido a los antecedentes del exmilitar.
Francisco Bustos argumentó que el informe del SML tiene un peso considerable, pero no es la única consideración en este proceso. La Corte de Santiago ha requerido un nuevo informe al Hospital del Salvador, donde investigadores de la unidad de memoria señalaron antecedentes de «actitud ganancial» en Manríquez, sugiriendo que podría estar simulando su condición mental para evadir la justicia. El abogado enfatizó que Manríquez, como figura clave dentro de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, estuvo implicado en operaciones de exterminio como la conocida Villa Grimaldi, así como en la Operación Colombo, que buscó deslegitimar la lucha de los militantes de izquierda.
En la conversación con Javier Pineda, director de El Ciudadano, Bustos también criticó el rol del Ministerio de Justicia y su Programa de Derechos Humanos, acusándolo de haber abandonado sus responsabilidades al no participar en el debate sobre la aplicación de penas para los represores. Según el jurista, existe una «decisión motivada políticamente» que favorece a los violadores de derechos humanos, lo que representa una grave falta a la asistencia legal que el Estado debe proporcionar a las familias de las víctimas de la dictadura, en un contexto donde la búsqueda de justicia parece estar quedando en el olvido.
El debate se intensificó cuando Bustos advirtió sobre los peligros que presentan ciertas iniciativas legislativas que buscan establecer beneficios para criminales de edad avanzada. El abogado subrayó que la legislación actual ya contempla mecanismos para aquellos que padecen enfermedades terminales, y acusó a estos nuevos proyectos de ley de ser una «operación de bandera falsa» destinada a ocultar la impunidad, asegurando que tales normativas solo facilitarían beneficios a genocidas que no cumplen con los requisitos específicos para otorgarlos.
Finalmente, Bustos destacó que el Estado tiene la responsabilidad internacional de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, y citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resalta que los beneficios penitenciarios no deben convertirse en una herramienta para encubrir la impunidad. «Estamos preocupados por la posibilidad de que se desistan casos por simpatía política», afirmaron desde la defensa de los derechos humanos. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se unió a las críticas, señalando que cada decisión del gobierno provoca un profundo estremezimiento en quienes buscan justicia por sus seres queridos.
