En un fallo sin precedentes, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ha ordenado al ex candidato a senador Manuel Abalón eliminar todas las publicaciones en sus redes sociales donde acusaba a defensores ambientales de recibir financiamiento para sabotear las operaciones de la industria salmonera en la Patagonia chilena. La decisión judicial, que fue reportada por Radio Nuevo Mundo, se basa en la falta de evidencias que respalden las acusaciones de Abalón, las cuales han sido consideradas como un daño a la honra de los acusados. Esta determinación no sólo pone fin a una campaña de desinformación, sino que también ilumina un conflicto más profundo que las comunidades locales han estado denunciando durante años inmunizando sus voces e intereses ante los embates de grandes industrias.
El lonko Daniel Caniullan, representante de la comunidad Pu Wapi de Guaitecas y pescador artesanal, enfatizó la existencia de un patrón sistemático que utilizan las empresas salmoneras para desprestigiar la Ley Lafkenche y a aquellos que defienden el medio ambiente. En una entrevista con Radio Nuevo Mundo, Caniullan expuso que la industria ha estado usando personajes públicos para sembrar miedo y terror a través de campañas de desinformación. Este tipo de ataques no son inusuales; el dirigente mapuche-lafkenche compartió con preocupación ejemplos de amenazas directas y agresiones a líderes comunitarios, revelando un clima de hostilidad hacia quienes luchan por defender prácticas ancestrales de pesca y conservación.
La realidad del impacto ambiental causado por la industria Acuícola es alarmante. Con la mayoría de sus inversiones provenientes de capitales extranjeros, especialmente noruegos y japoneses, las empresas salmoneras están operando en zonas de alto valor ecológico, incluido el parque nacional Queulat y la laguna San Rafael. Según la información de Radio Nuevo Mundo, estas operaciones afectan no solo al medio ambiente, sino que también han repercutido en los trabajadores locales; en la última década, más de 93 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales, lo que pone de relieve las preocupaciones en torno a las condiciones de seguridad en este sector.
La abogada Karina Riquelme, quien impulsó el recurso de protección que resultó en la eliminación de las publicaciones de Abalón, destacó la importancia del fallo, aunque advirtió que el Estado tiene una deuda con la sociedad en cuanto a la protección legal ante campañas de desinformación. Riquelme subrayó la necesidad de establecer una defensoría gratuita que resguarde a los ciudadanos de ofensas provenientes de grupos empresariales y otros poderes. Esta preocupación se encuentra en el marco de un debate legislativo en el Senado, donde se están considerando cambios en la Ley Lafkenche que podrían restringir el acceso a áreas costeras protegidas, un hecho que podría perjudicar aún más a las comunidades afectadas.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique representa un hito en la lucha de los defensores ambientales contra las campañas de desprestigio orquestadas por la industria salmonera. La sentencia no solo pone de manifiesto la importancia de proteger la honra de quienes defienden el medio ambiente, sino que también abre un camino para futuras acciones legales en contra de la desinformación. Sin embargo, el conflicto sobre la explotación de los recursos marinos en la Patagonia chilena sigue siendo un tema de intensa discusión, a medida que las comunidades locales se organizan para hacer frente a una industria que ha demostrado estar dispuesta a sembrar el miedo para mantener sus intereses económicos.
