El megaproyecto de Minera El Abra, una filial de Freeport-McMoRan con una inversión aproximada de 7.500 millones de dólares, propone operar en zonas de sacrificio ambiental por más de 40 años. La iniciativa incluye la ampliación del rajo minero, la construcción de una nueva planta concentradora, un depósito de relaves y la instalación de infraestructura energética en más de 15.900 hectáreas localizadas en las comunas de Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe y Mejillones. Estas áreas han sido históricamente afectadas por la actividad minera, lo que ha generado un profundo descontento entre las comunidades que las habitan y organizaciones ambientales, quienes denuncian un riesgo mayor para el medio ambiente y la salud pública, según informaciones de Radio JGM.
El proyecto, denominado «Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada», se encuentra actualmente en evaluación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y ha sido objeto de fuertes críticas debido a la insuficiencia de la información presentada. A más de un mes desde su sometimiento, las entidades estatales han emitido más de 1.000 observaciones técnicas, exigiendo aclaraciones y rectificaciones, mientras que la ciudadanía ha hecho cerca de 800 observaciones durante el proceso de consulta pública. Estas cifras han puesto de manifiesto la preocupación generalizada sobre la viabilidad del proyecto y su impacto en el entorno.
Las organizaciones sociales, como la Coordinación Tocopilla Digna y la Agrupación por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Pata Hoiri, han manifestado que las demoras en la evaluación del megaproyecto no se deben a un exceso de burocracia, sino a la necesidad de abordar serias deficiencias técnicas. Los servicios públicos han solicitado información sobre aspectos críticos relacionados con la biodiversidad, la gestión de recursos hídricos, la calidad del aire y los residuos producidos por las operaciones mineras. Esto evidencia que la evaluación está cumpliendo su propósito fundamental de alertar sobre posibles impactos negativos antes de otorgar cualquier aprobación.
Uno de los puntos más críticos que han resaltado las comunidades es la posible amenaza al patrimonio arqueológico y cultural de la región. Se estima que el proyecto podría dañar sitios de altísimo valor histórico, incluyendo geoglifos y complejos mineros prehispánicos, lo que agrava las preocupaciones sobre la sostenibilidad del proyecto. Las organizaciones pro medio ambiente enfatizan que una evaluación exhaustiva y crítica es indispensable para salvaguardar estos bienes culturales, que son parte integral no solo de la identidad local, sino también de la historia de Chile.
Ante esta situación, las organizaciones sociales han instado a la ciudadanía, universidades e instituciones gubernamentales a mantenerse alertas y a participar activamente en la defensa del territorio. Hacen un llamado a la participación ciudadana como un elemento clave para asegurar que la evaluación ambiental sea rigurosa, transparente y fundamentada en datos técnicos sólidos. La comunidad sostiene que es vital no permitir que se sacrifiquen zonas de alto valor ambiental y cultural en el altar del desarrollo económico, y que la conciencia en el asunto debe estar más viva que nunca para evitar riesgos irreversibles.
