En un hecho alarmante que ha suscitado indignación a nivel internacional, comunidades mapuche williche denunciaron agresiones brutales perpetradas el pasado 15 de abril durante un cortejo fúnebre en el acceso al cementerio ancestral de Maihue-Carimallín. Este ataque, llevado a cabo por individuos alineados con la empresa transnacional Statkraft, coincide con el contexto de un conflicto socioambiental que se ha intensificado a lo largo de más de una década debido a la falta de consultas adecuadas respecto a proyectos hidroeléctricos en la región. Lamentablemente, el enfrentamiento ocurrió mientras alrededor de 200 personas rendían homenaje a Jaime Uribe Montiel, un ferviente defensor ambiental que dejó una huella contundente en la lucha por los derechos de las comunidades locales.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, en colaboración con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), ha presentado una denuncia formal constatando las amenazas y los actos de agresión en la zona. A pesar de que las comunidades habían alertado a las autoridades de seguridad sobre el potencial de violencia días antes del funeral, la falta de acción por parte del Estado ha generado una profunda preocupación y un llamado a la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Los informes revelan que los atacantes no solo agredieron físicamente a los asistentes del funeral, sino que también formularon amenazas explícitas, incluyendo la intención de desenterrar el cuerpo de Uribe para arrojarlo al río Pilmaiquén. Este tipo de violencia, junto con las amenazas de muerte dirigidas a la machi Millaray Huichalaf, refleja un patrón sistemático de amedrentamiento que pone en riesgo no solo a defensores individuales, sino también a los derechos culturales y espirituales de las comunidades mapuches.
La respuesta de las instituciones del Estado ha sido objeto de severas críticas. La liberación de los agresores, quienes fueron detenidos tras el ataque, ocurrió en menos de 24 horas y se les impusieron cargos menores que no reflejan la gravedad de los actos cometidos. Este hecho, sumado a la ausencia de medidas de protección para las comunidades y la falta de justicia efectiva, ha elevado las demandas internacionales para que el gobierno de Noruega y Statkraft reconsideren sus estrategias en la región, demandando que se realicen auditorías sobre el impacto humano de sus proyectos.
A medida que la presión internacional aumenta, diversas organizaciones y activistas han solicitado la suspensión temporal de las operaciones de Statkraft en la cuenca del Pilmaiquén, exigiendo que se aseguren las condiciones necesarias para una consulta legal, libre y previa a los proyectos que afectan la vida de las comunidades mapuche williche. Estas demandas enfatizan la urgencia de terminar con las campañas de desprestigio que criminalizan a los defensores de derechos humanos, resaltando que defender la Tierra y la cultura no es un crimen, sino un derecho legítimo que debe ser respetado y protegido.
