Las familias nortinas enfrentan una grave crisis de salud mientras las autoridades impulsean un plan de desalojo en Cerro Chuño, dejando en la incertidumbre la búsqueda de soluciones habitacionales realistas. La reciente operación de demolición, liderada por el Gobierno junto a las Fuerzas Armadas, ha levantado un fuerte rechazo de la comunidad afectada, considerando que se reabre una de las heridas socioambientales más dolorosas del país. El proceso, que costará casi 10 mil millones de pesos bajo el pretexto de seguridad, resulta particularmente hiriente en una zona ya marcada por el abandono y el sufrimiento, donde las organizaciones sociales se encuentran en máxima alerta ante la falta de respuestas concretas a una crisis humanitaria palpable.
Esta tragedia en Cerro Chuño no es nueva; sus raíces se remontan a mediados de los años 80, cuando la dictadura militar dio luz verde a la empresa sueca Boliden para vertir toneladas de residuos industriales peligrosos, incluyendo plomo y arsénico, en la región. El Estado no solo permitió este hecho, sino que también construyó viviendas sociales sobre lo que se convirtió en un basurero tóxico, condenando a generaciones enteras a vivir sobre una tierra envenenada. A lo largo de las décadas, las comunidades han respirado aire contaminado, sufriendo enfermedades que hoy se ven reflejadas en alarmantes estadísticas de salud pública, que evidencian la severidad de la situación.
En 2024, la Región de Arica y Parinacota reportó un incremento preocupante en casos de enfermedades graves, incluyendo 230 tumores malignos del tejido linfático y 472 de órganos digestivos, que resultaron en 389 muertes. Según expertos, la exposición prolongada al plomo y al arsénico está íntimamente ligada a un mayor riesgo de cáncer, así como a daños graves en los sistemas nervioso y renal. En este contexto, Pablo Salinas Gómez, dirigente de la Comisión de Medio Ambiente de la CONFUSAM, ha expresado su preocupación tras recorrer la zona, destacando el profundo temor de los vecinos ante la posibilidad de demoliciones que no garantizan una solución habitacional adecuada.
La erradicación de Cerro Chuño, según el dirigente, solo crea más incertidumbre en familias que ya habitan en una situación de alta vulnerabilidad social y sanitaria. Adicionalmente, representantes técnicos y ambientales han denunciado que las acciones del Estado violan el artículo 19, número 8 de la Constitución, que protege el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente libre de contaminación. Tal situación ha llevado incluso a los relatores especiales de la ONU a calificar el caso de Arica como una grave violación a los derechos humanos, pidiendo acciones formales que todavía no se ejecutan de manera efectiva.
Frente a la imposición de un cronograma presidencial que establece un plazo de 24 meses para demoler estructuras y trasladar residuos a la Quebrada Encantada, los habitantes de Cerro Chuño claman por un aplazamiento del desalojo. Ellos sostienen que desmantelar el asentamiento no aborda la crisis en profundidad, por lo que insisten en la necesidad de una transición socioecológica justa que garantice salud, vivienda digna y reparación histórica. Para estos residentes es crucial que las medidas no sean solo punitivas, sino que avancen en la dirección de compensar y proteger a quienes han sido expuestos a los efectos devastadores de la contaminación por décadas.
