La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago ha desatado una ola de críticas y controversias, al liberar al diputado Agustín Romero de la obligación de devolver un total de 11 millones de pesos por horas extra no acreditadas durante su tiempo como Director Jurídico en la administración de Felipe Alessandri. Este fallo llega tras un informe de la Contraloría que cuestionó los pagos irregulares realizados a Romero, incluidos días en que no había registro de asistencia y períodos en los que contaba con permisos administrativos. La administración de la actual alcaldesa, Irací Hassler, había impulsado la demanda judicial con la esperanza de recuperar esos fondos, pero la Corte ha considerado los decretos de pago como legalmente válidos, generando un gran malestar entre los ciudadanos de Santiago.
La exalcaldesa Hassler no tardó en denunciar públicamente el fallo, señalando que la resolución judicial representa una «nueva derrota» para los vecinos de Santiago, y enfatiza la gravedad de que un aliado político del actual alcalde Mario Desbordes se beneficie de esta situación. Hassler subrayó que el caso es particularmente delicado, puesto que la Corte ha decidido a favor de Romero, quien está vinculado políticamente con Desbordes. Su denuncia resalta el preocupante escenario donde la justicia parece favorecer a aquellos con conexiones políticas, lo que podría erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Además, Hassler defendió su propia gestión afirmando que la decisión de la Contraloría de exigir la devolución del dinero estuvo basada en un análisis riguroso de la situación. Apuntó que la administración de Desbordes no presentó de manera adecuada las pruebas para el proceso judicial, lo que ha llevado a que la Corte desestime su reclamo. Esta incongruencia administrativa plantea serias interrogantes sobre la eficacia del actual equipo municipal y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos fundamentales en la gestión pública.
La exalcaldesa también mencionó un hecho que ha levantado sospechas: la rápida suspensión de la causa contra Romero poco después de que asumiera el cargo Desbordes. Este giro en el trato del caso ha alimentado las dudas sobre la voluntad del actual alcalde para seguir adelante con las demandas judiciales contra sus aliados políticos. La falta de acción por parte del edil, en considerarse como una posible maniobra para proteger a sus cercanos, se suma a la crítica de que el gobierno municipal no está priorizando el interés público.
Finalmente, frente a esta situación, Hassler instó a Desbordes a apelar la decisión de la Corte y a reclamar la devolución de las horas extras que Romero tiene pendiente con la comuna. Su llamado fue enfático, advirtiendo que cualquier inacción por parte de la administración sería «inexplicable» y representaría una falta grave hacia los vecinos de Santiago. La presión sobre Desbordes aumenta, ya que la gestión de la comuna se encuentra bajo el escrutinio público, y su respuesta a este escándalo será vital para restaurar la confianza de los santiaguinos en su gobierno.
