La reciente sentencia de 12 años de cárcel impuesta a los ex cabos de Carabineros, Henry Cuellar Vega y Víctor Lastra Marguirott, ha reavivado un debate candente sobre el uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades. Este caso en particular, que involucra a Mario Acuña, un temporero que quedó en estado vegetal tras una brutal golpiza en octubre de 2019, pone de relieve la problemática de la impunidad en la conducta de las fuerzas del orden. Durante una protesta en la plaza de la población Jorge Washington, los uniformados utilizaron una violencia desmedida contra Acuña, revelando un patrón preocupante de abusos dentro de la institución policial.
Según el fallo del Tribunal de San Bernardo, la agresión a Mario Acuña, conocido como «El Mariachi», fue calificada como «brutal e injustificada», dejando en claro que la actuación de los cabos sobrepasó cualquier protocolo existente. A pesar de la defensa de Cuellar y Lastra que intentó argumentar que habían actuado en defensa propia o que el golpeo no había sido tan grave, las evidencias y testimonios, incluidos gritos de ‘¡Sin pegar!’ registrados, desmantelaron su versión oficial. Este veredicto no solo habla de la responsabilidad individual, sino también de un sistema que permite que tales comportamientos persistan sin las necesarias sanciones.
Una de las voces más destacadas durante el juicio fue la abogada Mariela Santana, quien subrayó la intolerancia hacia los actos de violencia estatal. Santana argumentó que no se debía permitir ningún tipo de indulto o beneficio para quienes actuaron con tal saña contra un ciudadano desarmado y vulnerado. La defensa de los cabos intentó trasladar el caso a la justicia militar, un recurso que fue rechazado por la Corte de Apelaciones, confirmando que sus acciones constituyeron delitos comunes. Este rechazo deja al descubierto la fragilidad de las protecciones que normalmente disfrutan los miembros de Carabineros sobre su conducta protocolo.
Por si fuera poco, el entorno de la 61ª Subcomisaría evidenció una cultura de encubrimiento, donde el ex capitán Juan Rosales, quien estaba a cargo en el momento de la agresión, no solo falló en supervisar a sus subordinados, sino que también validó sus acciones crueles. Este fallo judicial ha revelado una dinámica de complicidad que parece estar presente en varios niveles dentro de las fuerzas policiales, evidenciando cómo un entorno de silencio puede fomentar la violencia. Mientras tanto, el actual presidente, José Kast, parece estar intentando restaurar una imagen de autoridad militar que ignora el grave daño sufrido por Acuña.
La situación de Mario Acuña, que ahora depende de una sonda de alimentación y se comunica solo mediante el parpadeo, es un recordatorio sombrío del impacto del abuso policial. A medida que los ex cabos cumplen su condena en recintos penitenciarios, se plantea la preocupación sobre la posibilidad de que el Ejecutivo considere el indulto en casos de violencia extrema. Sin embargo, este podría ser un peligroso precedente que socavaría la confianza pública en la justicia y la postura del gobierno frente a comportamientos violentos y represivos por parte de la policía. La historia de Cuellar y Lastra, más que un relato de condena, se convierte en un símbolo inquietante del deterioro de los derechos humanos y la rendición de cuentas en Chile.
