La reciente sentencia por estafa contra Francisco Sánchez, lograda por la parte querellante tras el desistimiento de la Fiscalía, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad y la rigurosidad del ex fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero. A pesar de calificar su gestión durante ocho años en el Ministerio Público como «bastante positiva», la culminación de su mandato se ha visto ensombrecida por las dudas generadas en torno al caso Atacama Kozan. Después de una investigación que destapó un esquema de fraude multimillonario que involucraba a Sánchez, muchos se cuestionan la efectividad de la Fiscalía al no perseverar en la causa inicialmente, lo que ha llevado a una profunda reflexión sobre las decisiones tomadas durante la gestión de Rogat.
En 2019, la minera Atacama Kozan presentó una querella por un fraude que involucraba varios millones de dólares, apuntando directamente al ex intendente Francisco Sánchez. Según las evidencias, Sánchez habría orquestado un elaborado esquema fraudulento en su tiempo como subgerente general de la compañía, aprovechándose de su posición para solicitar autorizaciones de gastos ficticios que en realidad beneficiaban su economía personal. Este caso de mala gestión y deshonestidad ha resaltado no solo la actuación del ex intendente, sino también cómo la Fiscalía optó por no continuar con la persecución penal, indicando una supuesta falta de antecedentes, lo cual ha sido fuertemente criticado.
La decisión de la Fiscalía de no proseguir con la causa, firmada por Rogat, fue rápidamente impugnada por los querellantes, quienes con firmeza reclamaron que existía suficiente evidencia para llevar a cabo el juicio. Este movimiento fue apoyado por el Juzgado de Garantía de Copiapó, que autorizó la prosecución del proceso. La posterior condena unánime del Tribunal Oral en lo Penal contra Sánchez y su cómplice, Rodrigo Albornoz, demuestra que las pruebas presentadas por la parte querellante eran relevantes y contundentes, lo que lamentablemente dejó mal parada a la Fiscalía y a su ex líder Alexis Rogat.
El desenlace del caso ha generado una ola de cuestionamientos sobre la conducta de Rogat, quien ha sido acusado de mostrar una falta de seriedad investigativa o incluso de haber existido un posible conflicto de interés. Se revelaron vínculos entre Rogat y la revista Atacama Viva, propiedad de Sánchez, lo que alimentó sospechas sobre su imparcialidad en el caso. Estos antecedentes, sumados a otras controversias en su carrera, han creado un ambiente en el que la confianza en el Ministerio Público está severamente comprometida. Su actuar ha suscitado críticas y ha llevado a denuncias formales que cuestionan su integridad como fiscal.
Desde su salida del Ministerio Público, Alexis Rogat se ha reincorporado al ejercicio privado de la abogacía, asociándose con el Estudio Jurídico Atacama de Patricio Pinto Castro, quien representa a Albornoz, el cómplice condenado en el caso. Esta relación ha llevado a una paradoja moral, donde Rogat, quien estuvo al frente de la institución encargada de investigar delitos, ahora se presenta en el ámbito privado defendiendo a individuos ligados a aquellos mismos casos. Este giro en su carrera profesional genera dudas adicionales sobre la independencia del sistema judicial y plantea serias interrogantes sobre los intereses políticos y económicos en juego en la región de Atacama, dejando un legado complicado para futuras gestiones.
