El ministro de Seguridad, Luis Cordero Vega, calificó como una simplificación reducir el debate sobre el caso de Bernarda Vera a la pensión que recibe su hija, familiar de una víctima de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Sus declaraciones surgieron en respuesta a la cobertura de BioBioChile, que citó reportajes de Chilevisión y Reportea sobre posibles irregularidades en el paradero de Vera y su residencia en Suecia y Argentina. A la vez, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que existen antecedentes oficiales que ubican a Vera con vida en Buenos Aires, lo que el Ejecutivo describe como un hallazgo que complica la narrativa tradicional de la causa.
El Ejecutivo subrayó que Vera es el único caso dentro del Plan Nacional de Búsqueda en el que una persona inscrita como detenida desaparecida ha sido verificada con vida, lo que ha desatado un fuerte debate público y críticas de la oposición hacia el secretario de Estado por su rol en la época en que se desempeñaba en el Ministerio de Justicia.
En una entrevista con Radio Universo, Cordero defendió la entrega de la pensión a la hija de Vera y afirmó: “Quiero ser bien franco: esta situación es mucho más que una pensión y reducirla a la discusión de una pensión —me van a perdonar— es de una simplificación excesiva.” Añadió que la hija, hoy de 57 años, creció convencida de que su madre había sido ejecutada política sin entrega de cuerpo.
El ministro explicó que la pensión se mantiene porque la beneficiaria tiene una discapacidad superior al 60%, lo que justifica la continuidad del beneficio más allá de los 25 años que establece la normativa. Reiteró que ni la beneficiaria ni su entorno desconocían que Vera se encontrara con vida en Argentina y descartó cualquier irregularidad en la entrega de beneficios.
Sobre las acciones para identificar a la mujer en Buenos Aires, Cordero indicó que cualquier medida oficial debe ser solicitada judicialmente en Chile y gestionada en Argentina, en un marco de cooperación entre ambos países. El Ejecutivo sostiene que el caso debe tratarse con rigor institucional, mientras la oposición continúa cuestionando el papel de las autoridades de Justicia en el periodo de la dictadura.
