Una nueva polémica ha surgido en torno a Codelco, la estatal que administra la producción de cobre en Chile, bajo la dirección de Máximo Pacheco. Una auditoría interna reveló irregularidades en el reconocimiento y reporte de producción correspondiente al ejercicio 2025, donde se detectaron desviaciones en los registros que afectan a más de 26 mil toneladas métricas de cobre fino, lo que equivale a cerca del 2% de la producción reportada el año anterior. Esta situación ha llevado a la desvinculación de un alto ejecutivo de la compañía y ha desencadenado sanciones para otros funcionarios, además de la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, lo que abre la puerta a investigaciones sobre posibles delitos.
La auditoría señaló que se contabilizaron 20 mil toneladas métricas de cobre fino en óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas en arsenito de calcio de Ministro Hales como «producción terminada», a pesar de que requerían procesamiento adicional. Este registro inflado ha generado sospechas sobre la cultura de control dentro de Codelco y ha puesto en tela de juicio la forma en que se manejan los incentivos y bonos corporativos. El incumplimiento de normativas y las fallas en los procesos de aprobación resaltan deficiencias críticas en los controles internos, lo que podría afectar gravemente la integridad de la compañía y la confianza de los inversionistas.
El entorno desalentador para Codelco se ha intensificado bajo la gestión de Máximo Pacheco, quien ya enfrentaba críticas por la caída en la producción, los retrasos operacionales y el aumento de costos. También han surgido cuestionamientos sobre su capacidad para liderar una de las empresas más importantes del país, especialmente frente a un marco internacional favorable para el cobre. Aunque el directorio defiende la capacidad de Codelco para autoauditarse y descubrir estas irregularidades, los analistas advierten que el caso expone problemas más serios al interior de la compañía, afianzando la idea de que la gestión actual no está logrando cumplir con las expectativas.
La crisis ya ha causado un daño reputacional importante, a lo que se suma el hecho de que Codelco debe recalcular incentivos y pagos que estaban basados en cifras ahora cuestionadas. La decisión de informar al Ministerio Público implica que se reconoce la seriedad de lo sucedido, lo que podría intensificar las críticas hacia la gestión de Máximo Pacheco. A medida que surgen nuevas dudas, varios sectores comienzan a alzar la voz respecto a una posible privatización de la compañía, a pesar de que muchos defienden la importancia de mantener el control estatal sobre los recursos naturales de Chile.
Finalmente, el escándalo destaca un dilema crucial para el futuro de Codelco: la percepción pública sobre su funcionamiento. A medida que disminuye la confianza en la estatal, algunos temen que esto sirva de argumento para promover intereses privados sobre los recursos estratégicos del país. Para muchos analistas, el desafío no es vender Codelco, sino restaurar su credibilidad y afrontar sus problemas estructurales desde una perspectiva de potenciar la profesionalización y mejorar la administración interna. Todo esto, en un contexto donde la gestión del cobre no solo es vital para la economía chilena, sino que refleja la necesidad de una soberanía económica sólida frente a las adversidades.
