El 23 de abril de 2026, la comunidad mapuche pewenche Rgaliko, ubicada en el Alto Biobío, vivió una jornada de violencia sin precedentes cuando fuerzas del Estado chileno, junto a grupos de particulares, ejecutaron un desalojo incendiario que dejó sus hogares, las rukas, reducidas a cenizas. Esta acción, considerada un crimen de lesa humanidad, fue denunciada públicamente por la comunidad, que califica el hecho como un nuevo episodio en la larga historia de genocidio que ha sufrido el pueblo mapuche a manos del Estado y terratenientes. El desalojo no solo implicó la destrucción de sus viviendas, sino que también significó la pérdida de años de trabajo y esfuerzo por mantener una vida digna y autónoma en su territorio ancestral.
Los integrantes de la comunidad Rgaliko señalaron directamente a la familia Bunster, un emblemático grupo de latifundistas, como responsables de replicar prácticas históricas de despojo y violencia contra el pueblo mapuche. El desalojo ha sido interpretado como un claro reflejo de las políticas del gobierno de Gabriel Boric, prometiendo un diálogo basado en la opresión y el desplazamiento forzado. Las víctimas del desalojo manifiestan su temor por el futuro de su comunidad y la recuperación de sus derechos ancestrales, advirtiendo que este ataque no solo afecta a Rgaliko, sino que también amenaza a todas las comunidades mapuche en resistencia.
En su declaración pública, los líderes de la comunidad expresaron su firme determinación de no rendirse ante la adversidad. Rechazan cualquier intento de calificar su resistencia como violencia o terrorismo, ya que consideran que las verdaderas prácticas terroristas están siendo ejecutadas por el Estado y sus fuerzas represivas. Esta diferenciación es crucial para la comunidad, que busca reivindicar su identidad y derechos en un contexto donde los actos de violencia han dejado profundas huellas en su tejido social y cultural.
A pesar de la tragedia sufrida, el espíritu de resistencia de la comunidad Rgaliko se mantiene firme. Hacen un llamado a otras comunidades del wallmapu a unirse en apoyo mutuo, advirtiendo que juntos podrán reconstruir sus rukas cuantas veces sean necesarias. Con la convicción de que son «semilla», la comunidad Rgaliko expresa su esperanza y determinación por seguir luchando, enfrentando un futuro incierto pero con la mirada fija en la recuperación de su territorio y derechos ancestrales. Su resistencia ante el Estado opresor es un ejemplo de lucha y unidad entre los pueblos indígenas en Chile.
Finalmente, la declaración culmina con una reafirmación de su lucha por la justicia y la dignidad, instando a la solidaridad desde todo el wallmapu. La comunidad Rgaliko se muestra decidida a reconstruir, no solo sus hogares, sino el tejido de su historia y cultura que se ve amenazado por la violencia estatal. La bandera amarilla y azul, símbolo de su identidad, ondeará con fuerza hasta lograr sus objetivos. En un contexto de represión, la lucha de los pueblos indígenas se revela como un faro de resistencia y esperanza que necesariamente debe ser escuchado y respetado por el Estado chileno.
