El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un nuevo estado de excepción durante un período de sesenta días que afectará a ocho provincias y tres municipios del país. Esta medida, que se hizo oficial el martes mediante la firma de un decreto ejecutivo, incluye las provincias costeras de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, así como las provincias andinas de Manabí y Pichincha, además de Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. El estado de excepción es una respuesta directa a la alarmante situación de seguridad pública, caracterizada por una «grave conmoción interna» atribuida a la creciente actividad de las estructuras del crimen organizado en estas regiones.
Noboa justifica esta drástica acción citando informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que indican que los grupos criminales en estas áreas han diversificado sus fuentes de financiamiento a través de actividades ilícitas. Esto les proporciona una notable capacidad de adaptación ante las acciones policiales convencionales, lo que ha llevado a la necesidad de suspender la inviolabilidad del domicilio durante el estado de excepción. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos cuando existan sospechas de delitos, con el fin de desmantelar estas organizaciones.
Adicionalmente, Noboa ha oficializado un toque de queda nocturno que comenzará a regir en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos, entre el 17 y el 30 de septiembre, en un intento por controlar la violencia creciente y las actividades delictivas. Este toque de queda permanecerá activo desde la medianoche hasta las cinco de la mañana y representa el tercer toque de queda implementado en el año, paralelamente a los esfuerzos gubernamentales por restaurar el orden público ante el profundo impacto de la violencia en la población.
Ecuador ha estado en un estado de «conflicto armado interno» desde el año 2024, una situación que Noboa declaró para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que ha comenzado a calificar como «terroristas». Este conflicto ha tenido un costo humano alarmante, con cifras de homicidios superando las 9,300 en el 2025, lo que posiciona al país en una problemática crítica en términos de seguridad. Además, las recientes capturas de más de 3,400 personas entre los días 3 y 18 de mayo indican la magnitud del esfuerzo estatal por enfrentar esta crisis.
La situación de seguridad y el riesgo asociado para la población se han vuelto un tema prioritario en la agenda del gobierno, a medida que Ecuador enfrenta desafíos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Desde la intervención de Estados Unidos en el contrabando marítimo de narcóticos, hasta las acusaciones a exfuncionarios por vínculos con cárteles internacionales, el escenario de la seguridad en Ecuador es cada vez más complejo y requiere de respuestas firmes y coordinadas tanto a nivel nacional como internacional.
