Concesionarios estiman que la norma aprobada en Comisión de la CC que busca estatizar las carreteras tendría un costo de unos US$ 30 mil millones.
Motivo de debate ha sido durante los últimos días la norma que se aprobó el pasado 19 de marzo en la comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional, que busca prohibir el cobro de peajes por circular en carreteras y las concesiones de estas vías. Y es que varios expertos del sector de la infraestructura han salido a explicar los perjuicios económicos, entre otros, que tendría la medida en caso de llegar a puerto en las próximas votaciones.
En concreto, la medida establece que “la administración de estos bienes estará a cargo del Estado de manera directa” y el cobro por circular en carreteras y caminos nacionales o por entrar o salir de una ciudad o pueblo, algo que, de acuerdo al director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, significaría un costo importante para las arcas fiscales.
En esa línea, ejemplifica que “se estarían destinando recursos equivalentes a 10 líneas de Metro en compensación a las concesionarias y de cerca de 25 mil viviendas sociales anuales por mayor gasto en mantenimiento de la red vial. Solo este último ítem supera los US$1.000 millones al año (0,3 punto del PIB), equivalente al presupuesto de inversión del MOP”.
Costos de US$ 30 mil millones
Desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) también ven con preocupación el asunto, y según estima la máxima autoridad del gremio, Leonardo Daneri, estatizar las autopistas le implicaría al fisco costos de entre US$ 25 mil millones y US$ 30 mil millones, consigna El Mercurio.
En el gremio recuerdan que los peajes son una forma de financiar la construcción y operación de autopistas. “El peaje es un impuesto a quien usa el bien público en cuestión, que evita que quienes no lo usan paguen por él. Así, por ejemplo, las personas que no viajan todos los fines de semana a sus segundas viviendas no financian a las que sí lo hacen”.
Además, explican que los gastos aumentarán aún más para el Estado si se toma en cuenta la paralización de inversiones en concesiones por unos US$ 26.900 millones. Esto, ligado a proyectos que están en construcción (US$ 5.700 millones), en adjudicación (US$ 1.500 millones), en licitación (US$ 3.000 millones) y por licitar entre 2022 y 2026 (US$ 16.700 millones).
