El anuncio del Gobierno sobre el posible indulto a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por graves delitos durante el estallido social ha generado un clima de alerta en diversas organizaciones de derechos humanos. A pesar de que la medida fue formalmente presentada en marzo con la intención de beneficiar a 102 uniformados, hasta la fecha no se han visto avances concretos en el proceso de evaluación jurídica. La incertidumbre crece ya que muchos de estos funcionarios cumplen penas efectivas por delitos graves, incluyendo tortura y homicidio frustrado, mientras la administración de José Kast enfrenta críticas por su aparente falta de acción.
El contexto en el que se enmarca esta propuesta indica que las condenas judiciales por los abusos cometidos durante las protestas de 2019 son una excepción más que la regla. Según el Informe Estadístico del Estallido Social de la Fiscalía, de los 12.002 delitos de violencia institucional registrados, la mayoría terminó en archivos provisionales o decisiones de no perseverar. Solo 219 sentencias condenatorias fueron dictadas, lo que pone de manifiesto la brecha entre los abusos denunciados y la justicia efectiva que se ha logrado.
El Presidente Kast ha defendido la medida, argumentando que busca otorgar perdón en un contexto de violencia extrema y que su deber es corregir lo que considera un sesgo ideológico de las decisiones judiciales. Sin embargo, su posicionamiento ha dejado clara la fractura con la oposición y organismos de derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha señalado que la facultad de indulto no puede transgredir las obligaciones internacionales de Chile y que este tipo de medidas, si se aprueban, enviarían un mensaje de impunidad inaceptable para la sociedad.
Juana Aguilera Jaramillo, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, ha manifestado su preocupación por las posibles maniobras encubiertas del Gobierno, sugiriendo que podría buscar alternativas para otorgar beneficios carcelarios a los condenados sin necesidad de un indulto formal. Esto incluiría el establecimiento de normas especiales para presos enfermos o de la tercera edad, lo que representaría una forma velada de evadir el cumplimiento de las penas impuestas por las violaciones a los derechos humanos que han sido correctamente documentadas.
Los ecos de la dictadura militar aún resuenan en las críticas hacia la administración de Kast, la cual ha sido acusada de preparar una nueva oleada de impunidad. Las denuncias de Juana Aguilera sobre el pacto de silencio que persiste desde aquellos tiempos resaltan la necesidad de un cambio verdadero en el sistema de justicia chileno, que según ella sigue siendo clasista y racista. Mientras que el oficialismo justifica el indulto como un acto de reparación por los que fueron considerados defensores de la patria, la oposición continúa su resistencia, advirtiendo que en la medida se esconde un intento de absolver a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
