El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, ha comenzado su gestión en medio de una considerable controversia que plantea dudas sobre la transparencia del gobierno de José Antonio Kast. Apenas días después de asumir el cargo, se reveló que Urrutia había participado en una reunión internacional de pesca representando a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). Este gremio, que agrupa a las siete familias que dominan la industria pesquera en Chile, ha suscitado alarmas sobre posibles conflictos de interés en el organismo que tiene la responsabilidad de velar por los recursos marinos, establecer cuotas y fomentar un desarrollo sostenible en el sector. Las implicaciones de su vinculación previa con Sonapesca están generando preocupaciones en el ámbito político y entre los sectores interesados en una gestión más transparente.
La polémica se acentúa con los detalles revelados por una investigación de El Mostrador, que indica que mientras la delegación chilena se preparaba para la XIV Reunión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) en Panamá, el director de Medio Ambiente de la Cancillería, Julio Cordano, solicitó cambiar las credenciales de Urrutia para disfrazar su representación de Sonapesca bajo el título de «invitado académico» de la Universidad Católica de Valparaíso. Este intento de ocultar sus vínculos con la gran industria pesquera ha levantado sospechas en el sector, donde muchos creen que Urrutia podría tener un conflicto de intereses al defender los intereses de la misma industria que representa.
El estrecho vínculo de Urrutia con Sonapesca es evidente, especialmente al observar que llegó a Panamá con un informe elaborado para el gremio sobre los impactos negativos de un gravamen a las transferencias internacionales de derechos de pesca sobre el jurel. Este documento ha sido calificado de «osado y sin fundamentos» por el presidente de Condepp, Hernán Cortés. Las credenciales académicas de Urrutia y su experiencia profesional han sido elogiadas por el gobierno; sin embargo, las críticas no se centran en su capacidad técnica, sino en la falta de imparcialidad que su pasado en la industria pesquera le podría conferir en su nuevo rol.
La situación se complica con las acciones que Urrutia ha tomado en la Subsecretaría, especialmente con la presión ejercida por Sonapesca. Este gremio ha presentado observaciones ante la Contraloría contra la resolución que autorizaba el ingreso de un grupo considerable de pequeños armadores al Registro Pesquero Artesanal. Además, Urrutia ha anunciado la retirada de la nueva Ley General de Pesca, sugiriendo un rumbo que favorece a la gran industria pesquera y perjudica a la pesca artesanal. Los extrabajadores de la Subsecretaría han indicado que hay más presentaciones en Contraloría que buscan debilitar aún más la pesca artesanal.
El triángulo de poder que se forma entre Urrutia, la exasesora Antonella León del diputado UDI Sergio Bobadilla y el propio Bobadilla, plantea un alarmante panorama sobre la influencia del sector industrial pesquero en la legislación y regulación de la pesca en Chile. Bobadilla ha sido señalado por sus métodos cuestionables de dilatación legislativa, incluidos informes que contienen extractos de Sonapesca. Hernán Cortés enfatiza que la trayectoria está diseñada de tal manera que Urrutia, ahora en la Subsecretaría, parece estar alineado con las fuerzas que buscan revertir las reformas en favor de los pequeños pescadores. Este escenario plantea serias preguntas sobre el futuro de la regulación pesquera en Chile y la protección de los recursos marinos.
